El gobierno del presidente Donald Trump impuso nuevas sanciones económicas contra tres ciudadanos mexicanos y dos entidades con sede en México vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. Las medidas, que forman parte de una estrategia más amplia contra el narcotráfico, afectan principalmente la red de robo de combustible del cártel, considerada clave para financiar sus operaciones criminales, incluido el tráfico ilícito de fentanilo hacia Estados Unidos.
Entre los sancionados figuran César Morfín Morfín y sus hermanos Álvaro Noé y Remigio Morfín Morfín. Según el Departamento del Tesoro, las actividades de esta red han causado pérdidas millonarias al gobierno mexicano y representan una amenaza directa para la salud pública estadounidense, que enfrenta una crisis por sobredosis de opioides.
Las sanciones incluyen el congelamiento de activos en EE.UU. y la prohibición a ciudadanos estadounidenses de establecer relaciones comerciales con los sancionados. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que su país “seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para atacar implacablemente a los cárteles de drogas y organizaciones terroristas extranjeras”.
Estas acciones se suman a la designación del CJNG como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designada en febrero pasado, lo que eleva el nivel de presión internacional contra el grupo liderado por Nemesio Rubén “El Mencho” Oseguera Cervantes, por quien Washington ofrece 15 millones de dólares de recompensa.
Alerta por contrabando de petróleo robado
En paralelo, el gobierno estadounidense emitió el 1 de mayo una alerta urgente por el contrabando de petróleo crudo robado desde México. El aviso, emitido por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) en coordinación con agencias como la DEA, el FBI, la OFAC y el HSI, señala que los cárteles mexicanos —incluido el CJNG, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo— están involucrados en una red transfronteriza de robo de hidrocarburos.
El contrabando se concentra principalmente en Texas y Nuevo México, donde el crudo robado es revendido a empresas locales, afectando al mercado energético legal. Según FinCEN, esta actividad es hoy una de las principales fuentes de financiamiento no relacionado con drogas para las organizaciones criminales, permitiéndoles sostener operaciones globales y ampliar su influencia.
La alerta destaca que intermediarios mexicanos, distribuidores estadounidenses e incluso empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex) estarían implicados en estas operaciones. Las autoridades estadounidenses consideran que este fenómeno, conocido como “huachicoleo” transfronterizo, no sólo impacta la economía, sino que también representa un riesgo para la seguridad nacional de ambos países al alimentar la violencia criminal.
Respuesta mexicana
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno está trabajando para endurecer las leyes de trazabilidad del combustible, de modo que cualquier transporte de hidrocarburos pueda ser monitoreado desde su origen hasta su destino. “Si una pipa tiene combustible robado de algún ducto y es detenida, tiene que entregar de dónde vino ese combustible; si no lo tiene, hay algo ilegal”, advirtió.
La Casa Blanca ha relacionado esta red ilícita con su agenda de seguridad y comercio, señalando que el flujo de fentanilo, migración irregular y contrabando de hidrocarburos figuran entre las prioridades del plan arancelario de Trump, que busca presionar a México, Canadá y China para cumplir compromisos en estos temas.
