Como lo ha venido señalando Cuentas Claras Digital desde 2023, este es un nombre clave en la trama de corrupción del régimen madurista: Ramón Carretero. Además de las actividades detalladas en la reciente publicación de Armando.info, es importante destacar su rol en negociaciones ilícitas vinculadas a la venta de petróleo de PDVSA y operaciones con el diferencial cambiario, en las que también figuran el hijo de Raúl Castro en Cuba y Carlos Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores. Otro operador importante de la trama sería Félix Falabella Napolitano, también empresario panameño, involucrado en la evasión de las sanciones impuestas al régimen venezolano en el sector petrolero, en venta de armas y en operaciones comerciales irregulares en general, todo ello en una triangulación permanente entre Cuba, Panamá y Venezuela.
El autócrata Nicolás Maduro es el responsable del saqueo de PDVSA
Ramón Carretero Napolitano, empresario panameño con experiencia en negocios en Cuba, ha mantenido una relación lucrativa con el régimen venezolano desde 2013, cuando Nicolás Maduro asumió el poder tras la enfermedad de Hugo Chávez. Junto a sus hermanos, Carretero ha ejecutado diversos proyectos financiados por el Estado venezolano, incluyendo la construcción de gimnasios, un estadio de béisbol, un centro de convenciones, la remodelación de un hotel y la importación de productos como juguetes, neumáticos y electrodomésticos, con un valor aproximado de 769 millones de dólares. Con información de Armando Info.
La investigación revela que parte de estos fondos públicos terminaron beneficiando a familiares cercanos de la pareja presidencial. En 2014, empresas vinculadas a Juan Carlos López Tovar y su entonces esposa, Iriamni Malpica Flores—sobrina de Cilia Flores, esposa de Maduro—recibieron al menos 5.8 millones de dólares en pagos provenientes de las compañías de los Carretero Napolitano.
Además de los vínculos financieros, la relación entre Carretero y López Tovar incluyó viajes en jets privados y asociaciones empresariales en Panamá. Los movimientos financieros entre estas partes se realizaron a través de entidades como como AllBank en Panamá y el Banco del Orinoco en Curazao, ambos propiedad del banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín, conocido como “el banquero rojo”, dueño también del Banco Occidental de Descuento (BOD). Estas entidades fueron posteriormente liquidadas por irregularidades financieras.
Este caso ejemplifica cómo ciertos empresarios han capitalizado sus conexiones con el poder político en Venezuela, obteniendo contratos millonarios y, a su vez, beneficiando a miembros del entorno presidencial.
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