México, el gran pozo negro de Alex Saab

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Entre 2019 y 2020, al paralelo que funcionó la trama del petróleo venezolano, ocho empresas mexicanas estuvieron involucradas en el envío de alimentos a Venezuela por 64 millones de dólares. Foto Archivo

Muchos de los caminos de Alex Saab llevan a México. El empresario colombiano, el gran operador del chavismo en los últimos años, señalado por la Casa Blanca como el testaferro de Nicolás Maduro, está en el centro del conflicto diplomático entre Caracas y Washington tras haber sido extraditado a territorio estadounidense a mediados de octubre pasado. Saab se enfrenta a 20 años de cárcel por lavado de dinero y su destino se definirá en una corte de Florida (EEUU). Pero su red de negocios ha encontrado un punto neurálgico en suelo mexicano: desde donde gestionó transacciones millonarias con petróleo venezolano y tejió una telaraña de empresas opacas para transportar toneladas de alimentos. Ha emergido otra trama ligada a Saab, que movió 64 millones de dólares en víveres a través de empresas fantasma, paraísos fiscales y —otra vez— compañías mexicanas, de acuerdo una investigación de Mexicanos contra la Corrupción. Las revelaciones que han salido, y las que vendrán, amenazan con salpicar los círculos del poder político y económico del país, piezas clave en el engranaje de Saab. Con información de Elías Camhaji / El País.

Alex Saab dejó sus huellas marcadas con carbón en la red mexicana

El periodista Roberto Deniz, cuyo trabajo ha sido pionero en desvelar el poder en las sombras del empresario de 49 años, afirma en un reportaje publicado que el juicio de Saab apunta a ser un nuevo caso Odebrecht por la telaraña de políticos latinoamericanos implicados en sus negocios. “Ahora no es Brasil, sino Venezuela, el eje de una trama de negociados oscuros con actores poderosos en varios países”, explica Deniz, que desde el exilio aún resiente el asedio y los últimos embates del gobierno de Maduro en las últimas semanas. El colombiano y sus negocios han sido investigados en Brasil, Ecuador, Colombia, Suiza y el Reino Unido, entre otros países.

Washington acusa a Saab de crear un esquema de sobornos para funcionarios chavistas, malversar fondos públicos y transferir 350 millones de dólares que estaban en Venezuela y que acabaron en cuentas de él y sus socios en el extranjero. El empresario se ha declarado inocente. En una acusación de la Corte del Distrito Sur de Florida contra cinco de sus socios, hecha pública el pasado 7 de octubre, se señalan transferencias por más de 70 millones de dólares a compañías mexicanas relacionadas en la trama de los CLAP. “Los co-conspiradores utilizaron numerosas empresas, que ellos controlaban, para adjudicarse contratos con el Gobierno venezolano para fabricar y exportar cajas de comida desde México y paquetes de medicinas desde varios países”, se lee en el documento.

Cerca de un centenar de empresas conforman la macroestructura de Alex Saab

En junio pasado, una investigación de EL PAÍS y el portal venezolano Armando.info destapó que las autoridades mexicanas fueron cruciales para que funcionara una red dirigida por Saab que movió millones de dólares por todo el mundo. Los negocios se basaban en un esquema que intercambiaba petróleo venezolano por alimentos producidos en México y se disfrazaron como acuerdos de ayuda humanitaria. Esos pactos nunca se hicieron públicos, pero se fraguaron con la intermediación de Maximiliano Reyes, subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, y con la participación de la empresa estatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), según documentos en poder de ambos medios y entrevistas con personas involucradas directamente en los tratos.

“Partimos de que los empresarios que se acercan a nosotros lo hacen de buena fe y desean tener mejores vínculos económicos en la región”, defendió Reyes. La trama, sin embargo, introdujo a tres empresarios mexicanos a la lista negra del Departamento del Tesoro por hacer negocios con el gobierno de Maduro y la petrolera PDVSA, y por triangular las operaciones a través de empresas fantasma y paraísos fiscales, al margen del sistema financiero internacional. Como reveló otra entrega de las investigaciones de El País y Armando.info, otra muestra de las implicaciones políticas es que el entramado vinculado a Saab también tocó la puerta de Pemex, pero la venta de crudo de PDVSA no parece haberse concretado.

EEUU acusa a Vielma Mora y socios de Alex Saab por trama de corrupción con los CLAP

La última entrega sobre los negocios de Saab señala que entre 2019 y 2020, al paralelo que funcionó la trama del petróleo venezolano, ocho empresas mexicanas estuvieron involucradas en el envío de alimentos a Venezuela por un valor de 64 millones de dólares. La comida era para las cajas CLAP, un programa del chavismo que repartía comida a sectores vulnerables y que ha estado en el punto de mira por incluir productos de baja calidad y a sobreprecio. La red, según esta versión, utilizó empresas que emitían facturas falsas e importadoras en paraísos fiscales y en ella participaron actores políticos acusados de corrupción y ligados a las cúpulas de poder en el país sudamericano.

Ya desde 2016, durante la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se había identificado a empresas mexicanas que monopolizaron el envío de productos de baja calidad para las cajas CLAP y bajo sospecha de la corrupción. En 2018, la Procuraduría General de la República (PGR) de México sancionó a las compañías por tratarse de un “esquema fraudulento”, pero se libraron del castigo a través de unos “acuerdos reparatorios”, que rayaban en lo simbólico. En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya en el mandato de Andrés Manuel López Obrador, congeló las cuentas de 19 empresas y personas que vendieron alimentos al gobierno de Maduro.

La UIF México y EEUU trabajan juntos para desmantelar la red de corrupción con los CLAP

El titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer que se presentaron cinco denuncias contra 25 sujetos ligados a los negocios de las CLAP y a Saab. Nieto también dijo que el acuerdo que concedió la PGR durante el gobierno anterior fue ilegal y presentó otra serie de denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, el ministerio del Gabinete que fiscaliza al Ejecutivo. La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, trabaja en conjunto con la DEA y el Departamento del Tesoro, pero aún no está claro el alcance de las investigaciones y si hay indicios formales contra funcionarios en activo.

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