Europa no consigue atajar el enorme problema que tiene con el lavado de dinero dentro de sus fronteras. A pesar de haber realizado cinco revisiones a su directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo, el mercado único continúa siendo un coladero para flujos de dinero de orígenes dudosos. La última directiva entró en vigor este año. Algunos países ni siquiera han terminado de aplicar la cuarta revisión. Pero el principal problema no es la procrastinación de los Gobiernos, sino que las autoridades nacionales dejan muchos agujeros en una batalla que es generalmente trasnacional, y ningún supervisor quiere meterse en la taifa del vecino. Con información de El Economista.
La cascada de escándalos de los últimos años ha empujado a la UE a lidiar con el origen del problema. Quiere crear una nueva autoridad europea, con poderes para intervenir en los Estados miembros, y normas más armonizadas, según un borrador de conclusiones al que tuvo acceso El Economista, y que adoptarán los ministros de Finanzas de la UE el próximo miércoles en el Consejo Ecofin.
Fuentes comunitarias informaron que el Ecofin se ha convertido en una videoconferencia informal, dado el aumento de casos covid en Europa. Se espera que los ministros den su bendición política a las conclusiones, y el documento se adopte posteriormente mediante procedimiento escrito.
Escándalos como el de Danske Bank de 2018, que a través de su sucursal en Estonia introdujo en circulación legal 200.000 millones de euros de procedencia sospechosa, han sido la gota que ha colmado el vaso. Pero el desafío del blanqueo de dinero transciende las fronteras europeas, como evidenció la reciente filtración de los papeles de FinCen, a los que tuvo acceso Buzzfeed.
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Los Estados miembros llevan un par de años rumiando la idea de una autoridad europea contra el blanqueo de capitales. Algunos socios eran escépticos con esta idea, otros defendían aumentar los poderes de la Autoridad Bancaria Europea, que ya realiza algunas tareas de coordinación. Desde la ABE se ha insistido en la necesidad de contar primero con normas comunes para que la nueva autoridad pueda actuar. Al final, los Estados miembros han optado por ambas opciones al mismo tiempo.
El borrador de conclusiones sobre la lucha contra el lavado de dinero y la financiación de terrorismo, que todavía podría sufrir algunos cambios, pide crear una autoridad europea y normas comunes directamente aplicables, con el llamado “reglamento único”.
Los ministros optan por esta opción frente a una directiva, para evitar disparidades nacionales al transponer las normas comunitarias al marco nacional. También solicitan una propuesta para la estructura y tareas de un supervisor de la UE al mismo tiempo, “para permitir una redacción simultánea debido a la interdependencia de estos temas “, dice el borrador de conclusiones. La Comisión tiene previsto presentar sus propuestas en ambos frentes a principios de 2021.
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Los países proponen que la nueva autoridad europea arranque supervisando un número limitado de entidades elegidas según su riesgo, aunque también podría intervenir en situaciones excepcionales y reemplazar a los supervisores nacionales si no aseguran un control adecuado. El nuevo organismo podría realizar inspecciones generales, incluidas inspecciones in situ “junto con el supervisor nacional”, así como dar instrucciones directas o imponer sanciones.
Algunas de las instituciones que estarían bajo su mandato serían las instituciones de crédito, instituciones de pago, oficinas de cambio, instituciones que manejan dinero electrónico y otras entidades financieras. Con el fin de decidir si la supervisión se lleva a cabo a nivel central o nacional, las conclusiones proponen analizar los riesgos derivados de la base de clientes, de sus productos, de los canales de entrega y la exposición geográfica de estas instituciones.
