Según el Informe de compliance penal “Hacia sistemas de cumplimiento avanzados“, elaborado a partir de 400 encuestas a altos directivos de empresas españolas, dos tercios de las empresas consultadas manifiestan carencias graves en materia de compliance, solo una de cada diez dispone de un verdadero sistema para su gestión y, en general, los empresarios muestran un alto grado de desconocimiento sobre los riesgos penales que pueden derivar para la empresa y sus administradores. Con información de Empresarios del Henares y RRHH Digital.
Claves para hacer que las regulaciones de cumplimiento sean más dinámicas
El estudio acredita también que las empresas españolas muestran una gran variedad de aproximaciones al compliance, que solo una de cada cuatro cuenta con un presupuesto específico para la materia, y que la mitad destinan a la misma menos de 10.000 euros.
Baja percepción de riesgo por parte de los empresarios
Aunque, solo en los últimos cinco años, se han producido en España 10 procesos sancionadores contra personas jurídicas con multas superiores a los 900.000 euros, el estudio de Grant Thornton revela que el 45% de los empresarios españoles no son conscientes de que carecer de un programa adecuado de compliance puede acarrear responsabilidades a los administradores.
Programas de cumplimiento para evitar violaciones de leyes antimonopolio, sanciones y FCPA
Preguntados sobre qué riesgos legales podrían dañar más a sus compañías, los directivos sitúan en primer lugar a las sanciones administrativas (54%), seguidas de los cambios legislativos en su actividad y de las conductas delictivas de sus empleados, empatados en un 44%. El temor al impacto de una hipotética sanción por infringir el derecho de competencia es en cambio relativamente bajo (20%).
Consultados en cambio no por qué riesgos les preocupan más sino por cuáles creen que es más probable que afecten a sus empresas, los cambios legislativos en su actividad pasan a la primera posición (50%) seguidos de las sanciones administrativas (28%), y, en cambio, solo un 15% considera probable una conducta delictiva de alguno de sus empleados.
Sobre las áreas en que ven más probable que se produzca una responsabilidad penal, la reciente aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDRP) ha derivado en una toma de conciencia generalizada sobre los riesgos penales del ámbito tecnológico y del específico de la protección de datos, que es en el que la mitad de los encuestados cree que podría incumplir la ley. Le siguen el ámbito laboral (42%) y preocupan también el medioambiental (38%) o el de la corrupción (23%).
