Información obtenida de los archivos Verde, Verde Final, Victoria Andrade I, II, entre otros, facturas con las copias de las misas que constan en el expediente, versiones de proveedores, información de instituciones públicas, etc., fueron las fuentes de los elementos que le hicieron decidir a la jueza Daniella Camacho que debía llamar a juicio por el delito de cohecho a 11 exfuncionarios públicos y diez empresarios (de Ecuador). Así lo reseñó El Universo.
La Fiscalía sostiene que durante el período 2012-2016 se estructuró una organización delincuencial integrada por funcionarios públicos (ministros, secretarios de Estado y asambleístas) quienes facilitaron la aceptación de ofertas, promesas o presentes por parte de empresarios privados a favor del movimiento político Alianza País (AP).
Rafael Correa, expresidente de Ecuador
Correa, a quien identificaron en el esquema de sobornos como SP (Señor Presidente), RC, RCD y A1, habría estado en el mando jerárquico superior de la estructura delincuencial, según la Fiscalía. Tenía conocimiento de las ofertas y de la entrega de favores y habría dispuesto que una persona de su confianza manejara las mismas, ejerciendo supervisión y aprobación de la recepción de los valores provenientes de empresas privadas y la distribución.
80.- Oficio del Banco del Pacífico de la Unidad de Cumplimiento con información de la cuenta corriente de Rafael Correa. Copias certificadas del original de respaldo de un depósito del 16 de mayo de 2014 por el valor de 6 mil dólares en la cuenta corriente de Rafael Correa.
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81.- Ampliación de la versión de Francoise Villalba, en la que indica que su jefe inmediato fue Rafael Correa en la Presidencia de la República, señala que solicitó un préstamo de 6 mil dólares que fue entregado y pagado íntegramente en 12 cuotas de 500 dólares. Villalba afirma que recibía instrucciones directas de parte del expresidente en algunos temas que él solicitaba e indicó que no conocía si Pamela Martínez y él o la representante del Fondo de Solidaridad tenían autorización de la Superintendencia de Bancos o de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para efectuar créditos.
