CCD Perú acumuló más de 11.000 reportes de operaciones sospechosas de incurrir en lavado de activos en 2017, un 35 % más que 2016, que a su vez experimentó un aumento similar en comparación al año anterior, aseguró hoy el superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa.
En 2016 se registraron más de 9.500 reportes, por los 7.200 que hubo en 2015, mientras que en 2014 se contabilizaron más de 6.000 sospechas.
Espinosa explicó en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) que los sectores preferidos para lavar activos por su poca o nula supervisión son el mercado inmobiliario, el comercio exterior y las cooperativas, entre otros.
Puso como ejemplo viviendas que se venden sobre planos sin que luego se construyan, envíos al exterior que no se corresponden con la mercancía declarada y las sospechas de que las cooperativas contribuyen a financiar de manera ilegal a partidos políticos, informó EFE.
En ese sentido, el superintendente de la UIF, inmersa en la Superintendencia de Banca, Seguros y Agencias de Fondos de Pensiones (AFP), valoró que el Congreso aprobara hoy una ley para que su organismo pueda supervisar las cooperativas y controle el origen del dinero que manejan.
El dinero lavado por esas vías procede en su mayoría del narcotráfico, la corrupción y delitos ambientales como la minería ilegal y la tala ilegal, afirmó Espinosa.
En referencia al comercio de oro ilegal extraído, destacó los esfuerzos de la UIF por coordinar con los organismos homólogos en Chile, Colombia y Ecuador para poder elaborar un panorama más amplio de la región, contactos en los que de momento no participa Bolivia.
“Hay que crear confianza. Es un trabajo muy delicado. A veces manejamos información muy poderosa y primero es necesario confiar en que el uso que se le dará a la información será el correcto”, señaló.
Espinosa argumentó la necesidad de aprobar también una ley para las casas de cambio, de manera que funcionen mediante licencias y la SBS se encargue de supervisar sus movimientos financieros.
Indicó que de nada sirve prohibir los cambistas ambulante en un distrito de Lima si en los barrios de alrededor pueden seguir operando. “Tiene que ser una política nacional”, agregó.
El funcionario advirtió que, al igual que los narcotraficantes utilizan a personas para trasladar droga, hay personas que se dedican a ingresar dinero en el país de manera regular, en su mayoría procedentes de México, con cantidades cercanas al límite máximo permitido para llevar en metálico.
“Le estamos haciendo seguimiento. Todos los días sin excepción se encuentra en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima a personas que o bien no han declarado el dinero o bien han excedido el límite”, reseñó.
Espinosa concluyó que el problema del lavado de activos en Perú es que una parte considerable de la población, la industria y los sectores económicos no están sujetos a ninguna supervisión y prevalece la informalidad.
