La senadora demócrata Elizabeth Warren, representante de Massachusetts y principal integrante de la minoría del Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, solicitó al Departamento de Justicia (DOJ) iniciar una investigación penal contra Bank of America por reiteradas violaciones de la legislación contra el lavado de dinero. La petición fue presentada mediante una carta dirigida al fiscal general Todd Blanche, en la que cuestionó la efectividad de las sanciones económicas impuestas a la institución financiera y planteó la necesidad de determinar posibles responsabilidades penales de sus ejecutivos.
La solicitud se produce después de que el Departamento del Tesoro anunciara, el 13 de octubre, sanciones superiores a 1.210 millones de dólares contra Bank of America por incumplimientos de las normas contra el lavado de activos y de los programas de sanciones estadounidenses. Entre las medidas destacan una multa de 1.200 millones de dólares impuesta por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una sanción de 750 millones de dólares determinada por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), cuyo importe se acredita dentro de la penalización de FinCEN, y un acuerdo adicional de 11,6 millones de dólares con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El conjunto de medidas constituye la tercera mayor sanción en la historia del Tesoro estadounidense.
Las investigaciones regulatorias determinaron que Bank of America incumplió deliberadamente disposiciones de la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act) y no reportó oportunamente más de 5.000 millones de dólares en transacciones sospechosas. De ese monto, más de 1.000 millones correspondían a operaciones relacionadas con riesgos prioritarios de seguridad nacional y financiamiento ilícito, incluidas transacciones con características asociadas a redes chinas de lavado de dinero, posibles esquemas de blanqueo mediante operaciones comerciales y actividades financieras vinculadas con la frontera suroeste de Estados Unidos. Las autoridades también identificaron deficiencias en los mecanismos de identificación de clientes, supervisión de operaciones y presentación de reportes de actividades sospechosas.
En su comunicación, Warren sostuvo que las multas civiles resultan insuficientes para impedir que las grandes instituciones financieras reincidan en prácticas contrarias a la legislación estadounidense. La legisladora advirtió que las sanciones económicas pueden terminar convirtiéndose en un costo operativo para los bancos, sin eliminar los incentivos financieros asociados a los incumplimientos. Por ello, solicitó una investigación penal exhaustiva y, si las pruebas lo justifican, el procesamiento de la entidad bancaria y de los ejecutivos responsables. También recordó que Bank of America había recibido una orden regulatoria en diciembre de 2024 para corregir deficiencias en su sistema de prevención del lavado de dinero, sin que posteriormente lograra subsanar todos los problemas identificados.
La senadora estableció el 12 de noviembre de 2026 como fecha límite para que el Departamento de Justicia informe si ha investigado o tiene previsto investigar penalmente las irregularidades detectadas. Asimismo, solicitó conocer si las autoridades judiciales coordinarán acciones con FinCEN para verificar el cumplimiento de las medidas correctivas impuestas al banco. Hasta el momento, las sanciones anunciadas corresponden a procedimientos regulatorios y no constituyen, por sí mismas, una acusación penal contra los ejecutivos de Bank of America. El caso vuelve a situar bajo escrutinio la responsabilidad de las grandes instituciones financieras en la detección de operaciones vinculadas con el lavado de activos y otros delitos financieros.
