La fiscal Ortega Díaz alerta sobre nuevo método del gobierno para detener periodistas

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CCD El 12 de abril fue detenido en el aeropuerto Internacional de Maiquetía el director del portal Dolarpro, Carlos Eduardo Marrón Colmenares. La aprehensión del empresario fue anunciada por el fiscal designado por la Constituyente ilegal, Tarek William Saab, quien detalló que sería imputado por los cargos de legitimación de capitales, difusión de falsa información y asociación para delinquir.

Luisa Ortega Díaz, fiscal general legítima, alertó este domingo -desde un evento en Colombia- que la detención de Marrón Colmenares fue realizada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) con un método irregular, que prevé será aplicado con todos los periodistas que sean considerados enemigos del régimen de Maduro.

“Quiero alertar de lo que se avecina en contra de los periodistas. Ocurrió el caso del dueño de un portal digital que vivía en Estados Unidos y fue llamado por un supuesto secuestro de su padre y le informaron los supuestos secuestradores que si no se apersonaba en Venezuela a negociar, su padre corría peligro. Este ciudadano hizo su viaje y cuando llegó lo estaban esperando en el aeropuerto para detenerlo”, señaló la fiscal general.

En Venezuela la libertad de expresión está restringida. A pesar de que el Estado venezolano permite la difusión de contenidos críticos en ciertos portales web y Twitter, los medio audiovisuales incurren en autocensura para evitar ser sancionados.

“Era una trampa del Dgcim. Tengo información precisa, este mismo modus operandi lo van a utilizar contra todos los periodistas que han tenido que salir de Venezuela y que denunciaron algún hecho de corrupción que compromete al gobierno venezolano”, añadió la fiscal.

Tarek William Saab anuncia detención de director del portal digital Dólar Pro
Ortega Díaz se encuentra exiliada en Colombia desde agosto de 2017, cuando se inició un proceso ilegal en su contra por supuestas irregularidades que cometió en su cargo. Esta acción judicial es dirigida por un Tribunal Supremo de Justicia nombrado de forma ilícita y aprobado por una Asamblea Nacional Constituyente subordinada a Nicolás Maduro.

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