Quito | Las dinámicas de acción y las estrategias para enfrentar tipos penales como lavado de activos, corrupción, ciberdelito, narcocriminalidad y trata de personas, así como la importancia de la cooperación jurídica iberoamericana, fueron analizadas por los asistentes al Encuentro de Fiscales y procuradores Generales sobre Delincuencia Organizada Transnacional.
Con la presencia del fiscal General de Ecuador, Galo Chiriboga Zambrano, y representantes de siete países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), este miércoles 14 de septiembre, primer día de trabajo, se expusieron las ponencias de Colombia, Ecuador, Chile, IberRed y Argentina.
Sobre lavado de activos
En los dos últimos años, en Colombia se incautaron 14 millones de dólares y se desarticularon 92 organizaciones delictivas, manifestó el fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez. “Con Ecuador se mantiene una productiva cooperación jurídica para luchar contra las organizaciones criminales”.
El fiscal Martínez calificó al lavado de activos como “uno de los temas más cruciales” que ha enfrentado su país, ya que es la industria más grande del mundo “derivada de acciones ilícitas” como el tráfico de armas, trata de personas, extorsión, entre otros.
Por lo tanto, la lucha contra este delito debe cimentarse en una investigación sofisticada. Además, las Fiscalías necesitan acceso a bases de datos nacionales e internacionales para contar con la información requerida en tiempo real.
El vecino país del norte tipificó este delito en 1995, con el objetivo de desmantelar a las organizaciones criminales. Otra de las acciones fue la creación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Policía Judicial Económica Financiera que permitió acelerar los procesos de persecución de este delito.
Contra la corrupción
“Desde 2013, remitimos a la Fiscalía 887 casos por presuntos delitos relacionados con la corrupción y muchos de estos ya han sido judicializados”, aseguró Hugo Jácome Estrella, presidente de la Función de Transparencia y Control Social de Ecuador, durante su ponencia ‘La lucha contra la corrupción’.
Destacó las buenas prácticas de las instituciones estatales para combatir este problema. Sin embargo, enfatizó la necesidad de fortalecer las herramientas y mecanismos de control y el trabajo mantenido con la Fiscalía ecuatoriana.
El Ciberdelito
La experiencia de Chile fue expuesta por Andrés Montes, fiscal General de Chile, subrogante, respecto al Ciberdelito. Manifestó que estos delitos, al cometerse por medios electrónicos, son recurrentes las 24 horas del día, por lo tanto no tienen fronteras y supone nuevos desafíos.
“El Ciberdelito se lo puede entender como el conjunto de actividades ilícitas al amparo del uso de la tecnología”, dijo el fiscal chileno. Además explicó que el más recurrente en ese país es el phishing (obtención de información bancaria de forma fraudulenta) y el pharming (acceso fraudulento a una computadora, a través de un virus que actúa para extraer la información).
Para investigar esta modalidad delictual, que surge con la evolución tecnológica, es necesaria la construcción de manuales o guías conjuntas, para no dejar estos tipos penales en la impunidad.
La narcocriminalidad
Stalin Raza, experto jurista ecuatoriano, expuso que los delitos de la narcocriminalidad afectan los bienes jurídicos protegidos como la salud y la seguridad en la región suramericana, para lo cual la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada es insuficiente.
“Es necesario crear un organismo supranacional para enfrentar al crimen organizado”, enfatizó Raza.
La cooperación jurídica iberoamericana
Andrea Murillo, delegada de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, destacó la labor de Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General ecuatoriano, para fortalecer la cooperación jurídica internacional, en el marco de su ponencia sobre la importancia de la IberRed en la colaboración jurídica internacional.
Murillo describió a la creación de la IberRed, hace 12 años, como un hito jurídico internacional para los países de la región. No obstante, “aún existen desafíos por delante para institucionalizar la cooperación jurídica internacional”.
Para Murillo, la cooperación internacional incide en el acceso a la justicia por casos que se investigan en un país, pero que se necesita información del exterior.
La trata de personas
José Ignacio Candioti, delegado del Ministerio de Justicia y Fiscal federal ante los tribunales de Argentina, señaló que en su país, desde la implementación de la lucha eficaz contra este flagelo en el 2008, se han judicializado más de 2.000 casos. Además que se han sentenciado cerca de 200, referente a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. “El 80% de las sentencias obtenidas por trata de personas son condenatorias”, dijo Candioti.
Uno de los mecanismos argentinos al momento de procesar los casos de trata de personas es el decomiso de los bienes, así se da un golpe económico a las bandas organizadas, con lo que se reduce su accionar delincuencial.
Aparte que es importante que la asistencia a las víctimas de trata de personas sea permanente, para lograr la reinserción de las personas afectadas en la sociedad, con el objetivo de que no vuelvan a ser contactadas por los tratantes.
La lucha contra la trata de personas debe ser una política de Estado, es la conclusión de Candioti, al tiempo de acotar que en Argentina “se debe discutir la necesidad de penalizar al cliente de la trata de personas”.
La cita de los Fiscales y Procuradores de la Unasur continuará este jueves 15 de septiembre del 2016 en la sede de la Unasur, con la presencia del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, que recibirá el proyecto de creación de Corte Penal Suramericana.
Nota de prensa de la Fiscalía de Ecuador
