Diego Salazar, el súper intermediario del Fondo Chino

imgresExclusivo CCD | El primo de ex presidente de Pdvsa Rafael Ramírez cobró comisiones a empresas chinas por conseguir contratos a cargo del Fondo Chino.

Diego José Salazar Carreño, operador de los seguros y reaseguros de Pdvsa, también posee la representación de las empresas chinas que trabajan en Venezuela en el marco del  Fondo Chino.

Así queda evidenciado en el texto de la sentencia del Tribunal de Corts de Andorra  que liberó los fondos congelados de Salazar y otros ex funcionarios chavistas en Banca Privada de Andorra.

En el documento, al que tuvo acceso CuentasClarasDigital, los abogados de Salazar justifican el origen supuestamente lícito de los fondos de su cliente,  argumentando que los mismos “son fruto de varios acuerdos de cooperación entre China y Venezuela”, y que “su cliente trabaja para empresas chinas en Venezuela, de manera que el dinero proviene de empresas chinas y no del gobierno venezolano”.

Profundizan  los defensores que “existe un acuerdo entre el gobierno venezolano y el gobierno chino, otorgando el segundo un préstamo al primero con la condición de que el importe del préstamo se utilice para contratar empresas chinas para hacer los trabajos en Venezuela, que Diego José Salazar Carreño fue quien consiguió la representación de las empresas chinas en Venezuela, llevándose la mayor parte, de lo que se desprende la existencia de una actividad empresarial real “.

Es decir, los fondos congelados en Andorra correspondìan a comisiones pagadas por las contratistas chinas a Salazar, que a su vez es operador de los seguros y reaseguros de Pdvsa – presidida en ese momento por su primo hermano Rafael Ramírez Carreño- que formaba parte del comité ejecutivo del Fondo Chino.

El Fondo Chino – Venezolano es un fondo de cooperación binacional para el financiamiento de proyectos en Venezuela, conformado por aportes del Banco de Desarrollo Chino (CDB) y el  Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden). Desde 2007 hasta 2014 se han ejecutado a través del fondo 36 millardos de dólares .  Venezuela paga a China por este financiamiento que expertos no dudan en calificar de “deuda” con 469.000 barriles de petróleo diarios a través de Pdvsa, que forma parte del comité ejecutivo del Fondo.

Además de eso, y según sostiene el testimonio de los abogados de Salazar  ante el Tribunal de Corts de Andorra, Venezuela debe contratar a empresas chinas para la ejecución de las obras financiadas por el Fondo, siendo Diego Salazar el principal intermediario o representante de las empresas chinas en Venezuela.

El convenio vigente es el denominado Gran Volumen, que se firmó en 2010 y finalizará en 2020. El Fondo Chino se ha visto envuelto en reiteradas controversias.  Expertos y parlamentarios han denunciado la pesada carga que el cumplimiento del mismo representa para Pdvsa ya que lo responsabilizan por haber golpeado la estabilidad  económica de la petrolera  y de haberse convertido en una “verdadera lavadora de recursos y corrupción”.

Los posibles nexos de Salazar con fraude del Fondo de Pensiones de Pdvsa

Los abogados de Salazar también insistieron  en que “su cliente no participa en adjudicaciones públicas en Venezuela” y que “las empresas que han operado en Andorra son de sociedades panameñas  y no tienen obligación de declarar ni tributar aquellas actividades comerciales realizadas fuera de Panamá “.

En el texto de la sentencia se recuerda que “se estaban investigando unos delitos graves, presuntamente constitutivos de un delito mayor de blanqueo de dinero y otro de asociación ilícita, en el que se encontrarían implicadas las personas afectadas por las medidas cautelares de carácter económico adoptadas “.

Sin embargo, en las consideraciones de la sentencia,  se matiza que ”se había señalado que varios de los implicados tendrían vínculos con personas políticamente expuestas en Venezuela y que en Estados Unidos se estaría siguiendo una causa penal contra algunos de ellos,  en relación con la apropiación y desvío de cantidades millonarias de dinero provenientes de fondos de pensiones de la empresa pública venezolana Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), con la que habrían estado implicados, precisándose finalmente que habían entrado en el Principado exclusivamente a través de Banca Privada de Andorra (BPA) un total de 1.347.339.972 euros, de los cuales ya habían salido 1.007.690.876 euros “.

Se refiere la sentencia al millonario fraude piramidal realizado con los fondos de pensiones de los trabajadores de la petrolera, por el cual cumple una condena de 13 años en EEUU el ex asesor de Pdvsa Francisco Illaramendi. Al parecer, en algún momento de la investigación se asoció el nombre de Diego Salazar  con el caso que cursaba en una corte de Connecticut, lo cual al final tampoco fue probado.

El modus operandi de BPA en Venezuela y Panamá

Los abogados de Salazar justificaron el origen de los fondos en base a las supuestas relaciones comerciales con los chinos, para desbloquear los  $200 millones que le habían sido congelados a Salazar el 30 de noviembre de 2012, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Andorra acordó “el bloqueo bancario y el control de movimientos de cuentas abiertas en las entidades bancarias del Principado” de varios clientes venezolanos.

La autoridad financiera andorrana pidió a la policía que investigara. Sin embargo,  en abril de 2014, el mismo  UIF decidió “levantar y dejar sin efecto las medidas cautelares de bloqueo preventivo y control de movimientos de cuentas”.

Poco después, el 13 de mayo de 2014, la Fiscalía de Andorra presentó un recurso pidiendo el mantenimiento de las medidas cautelares ya que “no han sido agotadas las líneas de investigación”. Este es el recurso desestimado unas semanas después por el Tribunal de Corts presidido por  Anna Estragués Armengol que finalmente liberó los fondos de los venezolanos.

En su defensa, los ejecutivos de cuentas  de BPA argumentan que “se hizo el seguimiento conveniente de las cuentas de los clientes, que siempre se pidieron los justificantes de las operaciones realizadas sin que nunca fuera informado de ninguna alarma y que la multiplicidad de cuentas y sociedades obedece en el presente caso a sociedades off-shore, con incidencias fiscales.”

Sin embargo, esta declaración contrasta con el informe de la Policía de Andorra que apunta a otro modus operandi por parte de Banca Privada de Andorra desde su oficina en Venezuela. El organismo de seguridad señala a la ejecutiva de cuentas de BPA en Caracas Mariela Milagros Prieto González,  de no recabar la información exigida por ley  para la apertura de las cuentas venezolanas, así como de facilitar la simulación de operaciones sin justificativos para efectuar transacciones hasta Andorra con la complicidad de la directora de BPA en Panamá, Cristina Lozano Bonet, por lo cual ambas fueron objeto en 2010 de respectivos autos de detención, junto con otro operador de BPA, Antonio Salvador Lozano, ordenados por la jueza andorrana María Àngels Moreno Aguirre, como señala la investigación realizada por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación, CIPI.

Sin embargo, contra todo pronóstico, la magistrada del caso de Salazar y los otros venezolanos, insistió en que después de casi un año y medio de instrucción no habían “indicios suficientes del delito de blanqueo”. Para la jueza  Anna Estragués  Armengol , Diego Salazar y los otros ex funcionarios denunciados, no cometieron ningún delito en Andorra.

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