Las conversaciones que los usuarios mantienen con ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial están adquiriendo un nuevo papel dentro del sistema judicial estadounidense. Registros que pueden contener preguntas legales, problemas personales, preocupaciones de salud o reflexiones privadas han sido utilizados por fiscales, investigadores y abogados como elementos probatorios en procesos civiles y penales.
Una investigación de The Washington Post identificó al menos 12 casos públicos durante los últimos dos años en los que conversaciones con chatbots terminaron incorporadas a expedientes judiciales. A diferencia de determinadas comunicaciones con abogados, las conversaciones con estas plataformas no cuentan actualmente con un privilegio legal equivalente que impida, de manera general, su utilización en tribunales.
Uno de los casos ocurrió en Florida. OpenAI alertó al FBI después de detectar conversaciones en las que Darren Zhou describía reiteradamente planes para causar daño a su exnovia. La información fue remitida a las autoridades locales y las conversaciones fueron utilizadas junto con otros elementos de la investigación para respaldar la existencia de las amenazas. Zhou fue detenido en mayo de 2026, posteriormente se declaró culpable y recibió una sentencia de ocho años de libertad condicional.
En otro proceso, Ryan Schaefer, entonces estudiante de la Universidad Estatal de Missouri, permitió que la policía revisara su teléfono durante una investigación por daños contra 17 vehículos en un estacionamiento universitario. Los agentes encontraron conversaciones mantenidas con ChatGPT poco después de los hechos en las que expresaba preocupación por la posibilidad de ser identificado. Schaefer terminó declarándose culpable de un delito grave de daños a la propiedad y fue condenado a cinco años de libertad condicional.
Los registros también están apareciendo en litigios civiles. En Michigan, las conversaciones de un vendedor de neumáticos con ChatGPT fueron incorporadas a una disputa con su antiguo empleador. El trabajador había preguntado al chatbot si correos electrónicos eliminados de Yahoo podían recuperarse incluso mediante una orden judicial. La empresa utilizó esas consultas para argumentar que existió un intento deliberado de ocultar información, y una jueza consideró que había evidencia suficiente para imponer el pago de honorarios legales relacionados con esa conducta y permitir que el litigio continuara.
La aparición de estos casos plantea un nuevo desafío para la privacidad digital. Los historiales pueden obtenerse mediante órdenes judiciales, procesos de descubrimiento de pruebas en litigios civiles o directamente desde dispositivos a los que las autoridades obtienen acceso. OpenAI también ha señalado que puede informar a las autoridades cuando sus sistemas y revisores determinan que existe un riesgo inminente y creíble de daño contra terceros. El avance de estas prácticas abre una discusión jurídica que apenas comienza: hasta qué punto una conversación que el usuario percibe como privada puede convertirse posteriormente en evidencia en su contra.
