Durante más de dos décadas denunciamos que el petróleo venezolano había dejado de administrarse como patrimonio de la nación para convertirse en instrumento de quienes controlaban el poder. Chávez y Maduro construyeron una cleptocracia, una kakistocracia, que confundieron Estado, partido, negocios y lealtades políticas. Una pequeña élite de enchufados hizo fortunas alrededor del poder mientras el petróleo servía para financiar alianzas y era suministrado en condiciones extraordinariamente favorables – a precio de gallina flaca y, en ocasiones, prácticamente regalado – a Cuba, Nicaragua y países del Caribe, mientras Rusia y China obtenían posiciones privilegiadas.
Aquello contribuyó a conformar, lo que he denominado durante años, un Estado delincuente.
Por eso resulta inaceptable que en el difícil cambio que el país reclama urgentemente se sigan reproduciendo algunos de los peores defectos del actual régimen: opacidad, discrecionalidad y selección de beneficiarios sin competencia pública.
Obviamente, Delcy Rodríguez no posee la legitimidad para suscribir un acuerdo de esta magnitud. El nuevo acuerdo petrolero con Estados Unidos podría representar una oportunidad extraordinaria si se realizara con un gobierno electo con todas las garantías democráticas. El país necesita capital, tecnología, mercados y seguridad jurídica para recuperar una industria petrolera devastada. Estados Unidos puede desempeñar un papel determinante.
Pero precisamente por la magnitud de esa oportunidad hay una pregunta inevitable:
¿Por qué Alejandro Betancourt?
Conocemos ese nombre desde mucho antes de que se convirtiera en interlocutor privilegiado de Estados Unidos. En los libros Estado Delincuente y El Gran Saqueo denunciamos las irregularidades que rodearon la emergencia eléctrica venezolana y la actuación de Derwick Associates, una de las empresas que obtuvo contratos multimillonarios durante el chavismo. Posteriormente, el nombre de Alejandro Betancourt quedó vinculado a las opacas e irregulares operaciones financieras y cambiarias relacionadas con PDVSA que originaron investigaciones internacionales.
En ambos casos, Betancourt fue “investigado” y sobreseído por los tribunales del régimen venezolano recibiendo así una protección circunstancial de impunidad. Sobre esto aprovecho para recordar que la Constitución vigente señala que los delitos contra el patrimonio público no prescriben.
La justicia suiza mantiene abierta una investigación sobre Betancourt. En España, la Audiencia Nacional ordenó reabrir una causa que había sido archivada. Y en Estados Unidos permanece el antecedente de Operation Money Flight, la investigación sobre un esquema de lavado de más de 1.200 millones de dólares procedentes de operaciones vinculadas a PDVSA. En ese expediente, EEUU contra Francisco Convit, aparece Alejandro Betancourt identificado como “Conspirator 2”. El expediente en cuestión sigue abierto pero en pausa por razones de carácter político, según reseña Reuters hoy.
La pregunta para Washington es, por tanto, sencilla: ¿qué proceso de debida diligencia realizó antes de convertirlo en pieza central de un acuerdo que compromete, sin ninguna legitimidad, una parte extraordinaria del patrimonio petrolero venezolano?
La cuestión resulta particularmente incómoda porque Estados Unidos conoce esos antecedentes. Parte de la información procede de su propio sistema judicial y financiero.
Y aquí surge una paradoja amarga. Durante años, muchos venezolanos residentes en Estados Unidos, sin investigaciones ni acusaciones de ningún tipo y sin sanciones, han sufrido cierres o restricciones de cuentas bancarias y controles reforzados sobre el origen de sus fondos. Además, miles de migrantes venezolanos honestos están siendo perseguidos y deportados como si fueran peligrosos delincuentes.
Resulta legítimo preguntar entonces qué estándar se aplicó a Alejandro Betancourt, quien hoy recibe un visado especial para entrar y salir de EEUU, y una posición privilegiada como socio de la administración Trump para gestionar 65.000 millones de barriles de las reservas de Venezuela.
Funcionarios estadounidenses han defendido la escogencia argumentando que Betancourt fue sometido a revisión y que no afrontaba cargos en Estados Unidos. Uno de ellos resumió la posición de Washington – de manera cínica – diciendo que no estaban “nominando a nadie para la santidad”.
De acuerdo.
Nadie está pidiendo un santo para perforar pozos petroleros. Pedimos idoneidad, transparencia, competencia y cuentas claras.
Denunciamos durante años una PDVSA “roja rojita” convertida en instrumento político, el petróleo barato utilizado para comprar alianzas y una clase empresarial enriquecida por su proximidad al Estado. Betancourt fue uno de los empresarios que prosperaron en aquel perverso ecosistema que contribuyó a arruinar al país.
Hay, además, otra ironía difícil de ignorar: el “empresario” escogido ahora por Washington para contribuir a desplazar la influencia de Rusia y China del petróleo venezolano entró a PDVSA precisamente de la mano de intereses rusos (Gazprombank) durante el chavismo. Años después, el nuevo acuerdo respaldado por Washington concede a North American Blue Energy Partners (NABEP) – la empresa de Betancourt – campos que habían estado bajo influencia de operadores rusos y chinos.
El problema no es la participación de Estados Unidos. Venezuela necesita inversión estadounidense y de otros países, tecnología, capital y compañías con capacidad productiva. Tampoco es ilegítimo que quienes inviertan y asuman riesgos obtengan beneficios.
El problema es cómo se decidió quién participaría, bajo qué condiciones y en beneficio de quién.
Por lo poco que se conoce, el acuerdo coloca a NABEP en una posición excepcional sobre 17 campos. Las concesiones fueron otorgadas sin un proceso competitivo. Estados Unidos obtiene además una posición económica del 35 %, a través de un mecanismo diseñado para protegerla frente a futuras ampliaciones de capital, y derechos preferentes sobre la producción.
¿Dónde están los contratos y sus anexos? ¿Quién valoró los campos? ¿Por qué NABEP? ¿Qué otras compañías pudieron competir? ¿Cuál es la duración real de los derechos concedidos? ¿Cuáles son las obligaciones de inversión? ¿Quiénes son los accionistas y beneficiarios finales? ¿Cómo se valoró la participación estadounidense? ¿Qué diligencia debida se hizo sobre Betancourt y qué concluyó respecto de Derwick, Money Flight y las investigaciones de Suiza y España? ¿Quién aportará los miles de millones necesarios y bajo qué garantías?
Y mientras se negocia el petróleo, sin transparencia ninguna, comienza a perfilarse otro enorme proceso económico igualmente polémico y opaco: la reestructuración de la deuda venezolana. Se preparan así dos grandes repartos, el del petróleo y el de la deuda, alrededor de los cuales se moverán decenas de miles de millones de dólares y competirán acreedores, bufetes, intermediarios, inversores y empresas por conseguir posiciones ventajosas.
La reconstrucción de Venezuela no puede convertirse en una nueva oportunidad para distribuir entre unos pocos la riqueza de una sociedad demasiado golpeada por la inflación y por servicios esenciales (energía eléctrica, agua, atención sanitaria y educación) desastrosos y en muchos casos, inexistentes. Todo esto agravado por las consecuencias de los dos terribles terremotos que afectaron a gran parte de la población.
El secretario de Energía, Chris Wright, ha asegurado que Estados Unidos ejercerá un control muy estricto sobre el flujo de fondos generado por el acuerdo.
Bienvenido sea.
Pero hay una contradicción que no puede eludirse: No se puede exigir transparencia en la administración del dinero obtenido mediante un acuerdo cuya propia negociación permanece opaca. Juristas y especialistas ya han advertido sobre las dudas legales del procedimiento y han reclamado precisamente la publicación de los contratos.
Si el acuerdo es tan beneficioso para Venezuela como aseguran quienes lo suscribieron, publíquese íntegramente. Que los venezolanos conozcamos lo que se entregó, lo que recibiremos a cambio, quiénes se beneficiarán, cuánto invertirán, bajo qué condiciones y durante cuánto tiempo (¿100 o 25 años?).
Y que Washington responda también la pregunta que sigue pendiente:
¿Por qué Alejandro Betancourt?
Washington tiene razón en una cosa: no necesitamos santos.
No pedimos santos. Pedimos cuentas.
Después de un cuarto de siglo de opacidad, Venezuela no necesita cambiar una caja negra por otra.
La transparencia tiene que comenzar por el acuerdo mismo.
Pedimos cuentas claras.
