Una jueza federal de Miami condenó a la consultora política Esther Nuhfer a cinco años de prisión por su participación en una operación para actuar en secreto a favor del régimen de Nicolás Maduro ante funcionarios estadounidenses durante la primera administración de Donald Trump. Nuhfer fue procesada junto al excongresista republicano por Florida David Rivera, con quien desarrolló gestiones para intentar modificar la política de Washington hacia Venezuela sin registrarse como agente extranjero.
El caso tiene su origen en un contrato por US$50 millones suscrito en 2017 entre la empresa de Rivera y una filial estadounidense de Petróleos de Venezuela (PDVSA). De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, Rivera y Nuhfer utilizaron ese acuerdo para promover los intereses del gobierno venezolano ante funcionarios estadounidenses, entre ellos miembros del Congreso, mientras ocultaban la verdadera naturaleza de sus actividades. Ambos estaban obligados a registrarse bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).
En mayo de 2026, un jurado federal declaró a Nuhfer culpable de conspiración para violar FARA, violación de FARA, conspiración para cometer lavado de dinero y una operación con bienes derivados de actividades delictivas. Rivera, por su parte, fue declarado culpable de siete cargos, incluidos los relacionados con FARA, conspiración para lavar dinero y cuatro operaciones con bienes de origen ilícito.
La Fiscalía sostuvo que el objetivo de las gestiones era utilizar las conexiones políticas de Rivera para favorecer un acercamiento entre Washington y Caracas. Entre las actividades probadas durante el juicio estuvieron contactos con funcionarios estadounidenses y la organización de reuniones con altos representantes venezolanos, incluida Delcy Rodríguez, entonces canciller del régimen de Maduro. Rivera y Nuhfer utilizaron además mensajes codificados para referirse a las personas y al dinero involucrados en la operación.
Según las pruebas presentadas ante el tribunal, ambos recurrieron a comunicaciones cifradas y mecanismos destinados a mantener ocultas sus actividades. Los fiscales también señalaron que parte de los fondos provenientes del contrato terminó destinada a gastos personales y políticos. Nuhfer utilizó aproximadamente US$455.000 para adquirir una residencia en Key Colony Beach, Florida, mientras Rivera empleó alrededor de US$600.000 para financiar su campaña al Congreso estatal de Florida, además de otros usos personales.
Durante la audiencia de sentencia, la jueza federal Melissa Damian consideró que Nuhfer desempeñó un papel menor que Rivera en la operación y llegó a describir el caso como “el show de David Rivera”. Sin embargo, la magistrada impuso a la consultora una pena de cinco años de prisión y ordenó el pago de aproximadamente US$4,7 millones al gobierno estadounidense.
La defensa había sostenido durante el proceso que el contrato estaba relacionado con actividades comerciales, particularmente con gestiones destinadas a atraer nuevamente a ExxonMobil a Venezuela, y que por esa razón Rivera y Nuhfer consideraban que no estaban obligados a registrarse como agentes extranjeros. El jurado rechazó ese argumento y concluyó que ambos actuaron para promover intereses del gobierno venezolano mientras ocultaban esa relación a las autoridades estadounidenses.
El caso se convirtió en una de las investigaciones más relevantes de los últimos años sobre la aplicación de FARA a operaciones vinculadas con Venezuela y puso bajo escrutinio el uso de contratos comerciales como mecanismo para financiar actividades de influencia política en Washington.
