La creciente apertura de Venezuela al capital extranjero y el nuevo papel de Estados Unidos en la autorización y supervisión de negocios en el país abren una interrogante que va más allá del petróleo: ¿dónde pagarán impuestos las empresas que lleguen y hagan negocios en Venezuela y quién podrá seguir el recorrido de esas ganancias?
La pregunta adquiere especial relevancia después de que Delcy Rodríguez se reuniera el 10 de agosto en Venezuela con altos funcionarios de los departamentos del Tesoro y de Estado de Estados Unidos. El encuentro estuvo centrado en asuntos económicos y en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
El acercamiento coincide, además, con un debate sobre una eventual mayor dolarización de la economía venezolana. Aunque no existe un anuncio oficial de sustitución del bolívar, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha planteado públicamente un papel creciente del dólar en la nueva etapa económica venezolana, mientras algunos economistas han comenzado a discutir escenarios de dolarización.
Una mayor utilización formal del dólar, junto con la llegada de capital estadounidense, podría incrementar el interés de Washington por la trazabilidad de las operaciones, sus beneficiarios finales y las jurisdicciones en las que se declaran los beneficios.
Como se sabe, Washington ya controla parte del recorrido del dinero petrolero. Ese interés no es solamente hipotético. Las autorizaciones de OFAC permiten realizar pagos ordinarios de impuestos locales, permisos y tasas relacionados con operaciones petroleras y gasíferas autorizadas en Venezuela. Pero determinadas licencias estadounidenses establecen que ciertos pagos de impuestos y regalías vinculados al petróleo deben depositarse en la cuenta del Departamento del Tesoro donde se gestionan los ingresos de Venezuela (Foreign Government Deposit Funds).
Es decir, Estados Unidos no solo decide qué compañías pueden participar en determinadas actividades sujetas al régimen de sanciones. En algunos casos también establece cómo deben canalizarse pagos producidos por esas operaciones.
A ello se suma el sistema tributario estadounidense. Los ciudadanos y residentes fiscales de Estados Unidos están sujetos, en términos generales, a impuestos sobre sus ingresos mundiales y determinados accionistas estadounidenses de sociedades extranjeras tienen obligaciones adicionales de información ante el IRS (Servicio de Impuestos Internos).
Bluewave: US$300 millones y tres jurisdicciones
El reciente caso de Harry Sargeant permite entender el problema. Bloomberg Tax informó esta semana que el empresario estadounidense acordó vender por unos US$300 millones Bluewave Properties Ltd., sociedad offshore mediante la cual mantenía una participación minoritaria en North American Blue Energy Partners, NABEP, empresa involucrada en el negocio petrolero venezolano. Según Bloomberg, el comprador es una parte cercana a Alejandro Betancourt, accionista controlador de NABEP con expedientes abiertos en varias jurisdicciones por corrupción y lavado de dinero.
La operación conecta al menos tres ámbitos fiscales: Estados Unidos, por la nacionalidad y eventual residencia fiscal del vendedor; Islas Vírgenes Británicas (BVI), donde está constituida Bluewave; y Venezuela, donde se encuentran los negocios que explican buena parte del valor económico de la inversión.
Para el fisco estadounidense hay una pregunta concreta: ¿qué ganancia obtuvo Sargeant en la operación y qué tratamiento fiscal corresponde?
La legislación estadounidense obliga en general a sus ciudadanos a declarar su renta mundial y contiene reglas especiales para accionistas de determinadas sociedades extranjeras. Por tanto, el hecho de que Bluewave esté constituida fuera de Estados Unidos no elimina automáticamente una eventual obligación tributaria estadounidense.
Para Venezuela la respuesta es menos evidente. Las ganancias por la venta de acciones de sociedades venezolanas pueden estar sujetas a tributación venezolana, pero Bluewave es una compañía extranjera. Con la información pública disponible no puede afirmarse que Venezuela tenga automáticamente derecho a gravar una venta de sus acciones simplemente porque parte de su valor económico derive de operaciones petroleras venezolanas.
Precisamente ahí está una de las preguntas que las nuevas inversiones harán cada vez más relevante: ¿cuánto valor se genera en Venezuela y cuánto de ese valor termina convertido en ganancias sujetas a impuestos en otras jurisdicciones?
Delcy reforma el SENIAT
Mientras Washington incrementa su capacidad para supervisar determinados flujos financieros venezolanos, Delcy Rodríguez está impulsando una transformación del SENIAT.
El nuevo superintendente, Román Maniglia, designado en julio, ha situado la modernización, digitalización y automatización entre los ejes del nuevo modelo tributario y ha iniciado reuniones con el sector bancario, contadores y especialistas tributarios para avanzar en ese proceso.
Fuentes de alta credibilidad consultadas por Cuentas Claras Digital aseguran que Cisco Systems estaría participando como empresa contratada para asesorar o adelantar esa transformación tecnológica.
Si la información se confirma, las preguntas son obligadas: ¿qué plataforma desarrollará Cisco?, ¿qué datos podrá cruzar el nuevo SENIAT?, ¿permitirá identificar operaciones internacionales de grandes contribuyentes?, ¿podrá seguir pagos entre compañías relacionadas y detectar dónde terminan las ganancias obtenidas en Venezuela? ¿Podrá así determinar el balance patrimonial global de las personas jurídicas y naturales de Venezuela?
La batalla por la trazabilidad
La reforma del SENIAT, las nuevas inversiones extranjeras, el papel del Departamento del Tesoro y la posible ampliación del uso del dólar convergen en un mismo punto: la trazabilidad del dinero.
Venezuela necesita determinar qué parte del beneficio generado dentro de su territorio debe formar parte de su base tributaria. Estados Unidos, por su parte, tiene interés fiscal sobre sus propios contribuyentes – tanto estadounidenses como extranjeros que tengan residencia fiscal en dicho país – y, bajo el régimen vigente, también tiene capacidad para imponer condiciones a determinadas operaciones con Venezuela.
El caso Bluewave muestra la complejidad: una sociedad de Islas Vírgenes Británicas (BVI), una inversión petrolera venezolana, un vendedor estadounidense, un grupo controlado por un empresario venezolano y una transacción de unos US$300 millones.
Con la llegada de nuevas compañías, la pregunta ya no será solamente quién obtiene una licencia o quién firma un contrato con el Estado venezolano.
Será también quién puede seguir el dinero desde Venezuela hasta el beneficiario final y, sobre todo, quién termina cobrando los impuestos sobre esa ganancia.
