El abogado y exfiscal venezolano Zair Mundaray denunció una presunta maniobra judicial mediante la cual una Corte de Apelaciones en materia de Terrorismo de Caracas habría extendido los efectos de un sobreseimiento definitivo a Jacinto Antonio Convit Ríos, Patricia Gabriela Alejandra Ferrando Zilio, Gonzalo Andrés Eduardo Mendoza Guruceaga y Marios Iliopoulos.
De acuerdo con Mundaray y los documentos difundidos junto con su denuncia, la decisión estaría fechada el 5 de agosto de 2026 y correspondería a la causa 02CT-S-043-2023. La medida habría extinguido la acción penal contra los beneficiados y ordenado el cese de las medidas judiciales existentes en su contra.
El procedimiento tendría su origen en un sobreseimiento concedido previamente a Ana Graciela Convit Guruceaga. Posteriormente, la Corte habría aplicado el denominado “efecto extensivo” para beneficiar también a Convit Ríos, Ferrando Zilio, Mendoza Guruceaga e Iliopoulos.
Mundaray cuestionó la legalidad de este procedimiento y sostuvo que el efecto extensivo habría sido utilizado irregularmente para cerrar la causa contra personas distintas de la inicialmente beneficiada. También afirmó que la decisión fue incorporada al expediente después del terremoto que afectó a Venezuela, circunstancia que, según su denuncia, habría sido aprovechada para que la actuación pasara inadvertida.
El exfiscal aseguró además que la actuación habría contado con el aval directo del presidente del Circuito Judicial de Caracas y, según datos que atribuyó al Ministerio Público, con la anuencia de Larry Devoe. Estos señalamientos forman parte de la denuncia realizada públicamente por Mundaray.
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Entre los beneficiados figura Jacinto Antonio Convit Ríos, hermano de Francisco Convit, y el empresario naviero griego Marios Iliopoulos, propietario de Seajets. Iliopoulos ha estado relacionado internacionalmente con el caso del petrolero Brillante Virtuoso, objeto de un litigio por fraude de seguros ante la justicia británica.
En total, la actuación judicial señalada por Mundaray involucra a cinco personas: Ana Graciela Convit Guruceaga, Jacinto Antonio Convit Ríos, Patricia Gabriela Alejandra Ferrando Zilio, Gonzalo Andrés Eduardo Mendoza Guruceaga y Marios Iliopoulos.
Las presuntas irregularidades en la tramitación y las circunstancias bajo las cuales se habría adoptado la decisión corresponden a los señalamientos formulados por Zair Mundaray.
