La decisión del gobierno interino de Delcy Rodríguez de avanzar en la mayor reestructuración de deuda soberana de la historia de Venezuela – y quizás la más grande de la historia mundial – sin la conducción formal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de rechazar una oferta de asesoría financiera presuntamente más conveniente presentada por Lazard comienza a generar interrogantes entre acreedores, analistas y sectores políticos.
Según reveló hoy el Financial Times, Venezuela prepara la presentación de un pasivo total cercano a los 240.000 millones de dólares, una cifra muy superior a las estimaciones previas del mercado. La magnitud de la deuda obligará al país a negociar simultáneamente con tenedores de bonos, gobiernos extranjeros, organismos multilaterales, empresas petroleras y acreedores comerciales.
Lo que más llama la atención es que, a diferencia de las grandes reestructuraciones soberanas de las últimas décadas, el análisis de sostenibilidad de la deuda no será elaborado por el FMI. El Fondo confirmó que mantiene conversaciones técnicas con las autoridades venezolanas, pero negó tener participación en el proceso de reestructuración anunciado por Caracas.
La ausencia del FMI como árbitro técnico genera inquietud porque históricamente los acreedores han utilizado los estudios del organismo para determinar cuánto puede pagar realmente un país. Sin esa validación independiente, algunos inversionistas temen que las cifras y proyecciones sean percibidas como demasiado influenciadas por los intereses del propio gobierno venezolano.
A estas dudas se suma la decisión de Delcy Rodríguez de mantener como asesor financiero a Centerview Partners – firma de asesoría financiera estadounidense – y rechazar una propuesta de Lazard, firma de origen francés especializada en reestructuración de deudas soberanas. De acuerdo con la información publicada por el Financial Times, Lazard ofreció asumir el mandato por aproximadamente 25 millones de dólares, honorarios similares a los cobrados durante la reestructuración griega de 2012, y aseguró que representaban un “valor excepcional”.
La respuesta de Delcy Rodríguez fue inmediata. Caracas argumentó que la selección se realizó «sobre la base de experiencia, calidad técnica y conocimiento de las circunstancias venezolanas». Sin embargo, la administración no explicó públicamente por qué descartó una oferta que, según la información disponible, resultaba económicamente más favorable para las finanzas públicas.
Más aún, los términos financieros del contrato con Centerview Partners no han sido divulgados. El propio Financial Times reportó que los honorarios de la firma aún no habían sido finalizados al momento de la publicación. En consecuencia, los venezolanos desconocen cuánto terminará pagando el Estado por una asesoría que será determinante en la negociación de una deuda estimada en 240.000 millones de dólares.
Las interrogantes aumentaron luego de que Bloomberg y Reuters informaran sobre borradores de negociación que contemplarían para Centerview una combinación de honorarios fijos y comisiones de éxito que podrían elevar la remuneración total a una cifra situada entre 150 y 200 millones de dólares. Aunque Centerview ha rechazado públicamente esas versiones y sostiene que los montos difundidos exageran significativamente los términos reales de la negociación, lo cierto es que hasta ahora no existe información oficial que permita despejar las dudas.
La diferencia es significativa. Mientras Lazard puso sobre la mesa una propuesta conocida de aproximadamente 25 millones de dólares, los montos atribuidos a Centerview en diversas filtraciones multiplican por cuatro esa cifra. En una operación financiada, en última instancia, por un país que intenta salir de una de las peores crisis económicas de su historia – originada principalmente en la corrupción enquistada en el régimen desde hace un cuarto de siglo – la transparencia sobre los costos de asesoría resulta tan importante como la propia negociación de la deuda.
Otro elemento que alimenta las suspicacias es la estrecha relación profesional que existe entre Matthieu Pigasse, principal representante de Centerview en el proceso, y Delcy Rodríguez. Pigasse ha trabajado durante años en operaciones vinculadas a Venezuela y participó en transacciones relacionadas con Citgo, antigua filial estadounidense de PDVSA. Aunque no existe evidencia de irregularidades, algunos observadores consideran que la cercanía entre las partes hace aún más necesaria una explicación transparente sobre los criterios utilizados para la adjudicación del contrato.
La credibilidad será un activo tan importante como el petróleo en esta negociación. Venezuela necesita convencer a los acreedores de que los números que presentará reflejan la realidad económica del país y de que las decisiones financieras se están tomando bajo estándares internacionales de transparencia y gobernanza.
Con una deuda que podría superar los 240.000 millones de dólares y una economía estimada en apenas 100.000 millones, cualquier sombra de opacidad amenaza con encarecer el proceso y dificultar la construcción de consensos con los acreedores. En ese contexto, las preguntas sobre la exclusión del FMI, el rechazo de una propuesta más competitiva de Lazard y el costo final del contrato adjudicado a Centerview probablemente seguirán abiertas hasta que el gobierno ofrezca respuestas más detalladas.
Porque al final, la pregunta central no es quién asesorará la reestructuración, sino bajo qué criterios se toman decisiones que comprometerán el futuro financiero de varias generaciones de venezolanos.
