La investigación penal que autoridades estadounidenses desarrollan contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y varios exfuncionarios de su administración continúa ampliándose con la incorporación de nuevos testigos colaboradores vinculados al entorno de Los Chapitos. De acuerdo con información revelada por medios mexicanos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya cuenta con al menos ocho potenciales cooperantes que podrían aportar información clave sobre las operaciones de narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de fentanilo atribuidas a integrantes del Cártel de Sinaloa. Con información de WRadio.
Entre los colaboradores más relevantes se encuentran Joaquín y Ovidio Guzmán López, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes han aceptado cooperar con las autoridades estadounidenses mientras negocian posibles reducciones de condena. Según los reportes, la información suministrada inicialmente por ambos habría contribuido al fortalecimiento de las evidencias presentadas ante un gran jurado federal, facilitando la emisión de acusaciones y órdenes de arresto contra diversos implicados en la causa.
A estos dos nombres se suman otros seis procesados que ya se declararon culpables y alcanzaron acuerdos de cooperación con la fiscalía federal. Los investigadores consideran que sus testimonios podrían resultar determinantes para reconstruir la estructura logística, financiera y operativa de la organización criminal durante el período en que presuntamente operó bajo protección política en Sinaloa, especialmente en lo relacionado con la producción y distribución de fentanilo hacia Estados Unidos.
Uno de los principales testigos es Silvano Francisco Mariano, alias “Rayo”, quien admitió su participación en la operación de laboratorios clandestinos de fentanilo en Sinaloa. Junto con Carlos Omar Félix Gutiérrez, también declarado culpable, habría participado en negociaciones para la venta de drogas sintéticas en territorio estadounidense, además de reconocer vínculos con proveedores de precursores químicos asociados a la facción de Los Chapitos.
Otro colaborador relevante es Julio Marín González, señalado por las autoridades como operador de un esquema de lavado de dinero basado en comercio internacional. Según la acusación, utilizaba ganancias procedentes de la venta de fentanilo en varias ciudades estadounidenses para adquirir teléfonos celulares en Estados Unidos, que posteriormente eran introducidos y revendidos en México. Los fiscales sostienen que más de 1.3 millones de dólares procedentes del narcotráfico circularon a través de este mecanismo.
La investigación también incorpora a Sergio Duarte Frías, acusado de dirigir una estructura de lavado de dinero mediante criptomonedas. De acuerdo con los expedientes judiciales, la red habría procesado cientos de miles de dólares provenientes del tráfico de drogas mediante monederos digitales controlados por operadores del cártel. Asimismo, figura Juan Pablo Lozano, alias “Camarón”, identificado como proveedor de armas para la organización criminal y participante en operaciones de tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
La lista de cooperantes incluye además a Ana Gabriela Rubio Zea, una ciudadana guatemalteca acusada de actuar como intermediaria en la adquisición de precursores químicos para la fabricación de fentanilo. Según la fiscalía, mantenía contactos directos con proveedores en China y coordinaba mecanismos para ocultar los cargamentos y facilitar su ingreso a México mediante documentación fraudulenta, ocultamiento de mercancías y presuntos actos de corrupción.
Las autoridades estadounidenses consideran que la cantidad de testigos colaboradores podría aumentar en los próximos meses, ya que varios procesados continúan negociando posibles acuerdos con la fiscalía para evitar juicios que podrían derivar en condenas de varias décadas de prisión. El avance de estas colaboraciones podría convertirse en uno de los elementos centrales del proceso judicial que busca determinar el alcance de las presuntas relaciones entre integrantes del Cártel de Sinaloa y funcionarios vinculados a la administración estatal sinaloense.
