El presidente de Colombia, Gustavo Petro, autorizó la extradición del venezolano Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como “Larry Changa”, hacia Chile, donde será procesado por los delitos de asociación ilícita y dos secuestros consumados. La decisión pone fin a un proceso que se prolongó durante meses debido a que dos tribunales chilenos mantenían solicitudes paralelas para juzgar al señalado líder criminal. Con información de El País.
La extradición quedó formalizada mediante la resolución 245 de 2026, que responde a la orden de captura emitida por la Corte de Apelaciones de La Serena. Como parte de las condiciones establecidas por la legislación colombiana, el Gobierno de ese país exigió garantías de que el extraditado no será sometido a desaparición forzada, tortura ni penas consideradas contrarias a los derechos humanos. Además, la resolución dispone que una copia de la decisión sea remitida a la embajada de Venezuela en Bogotá, debido a que las autoridades venezolanas también lo reclaman.
Larry Changa fue capturado el 1 de julio de 2024 en Circasia, departamento del Quindío, luego de permanecer durante varios años evadiendo a las autoridades internacionales. Al momento del operativo intentó escapar, pero fue detenido tras una persecución policial. Desde entonces permanece recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá. Según las autoridades, era buscado mediante dos notificaciones rojas de Interpol y figuraba entre los delincuentes más requeridos de la región.
Las investigaciones indican que el venezolano, de 49 años utilizó la identidad falsa de Víctor Miguel Moreno Álvarez para desplazarse entre distintos países y ocultar su paradero. También posee documentación colombiana y chilena. En Colombia enfrenta además una investigación por narcotráfico, que ha derivado en la incautación de varios bienes, mientras que un intento de acogerse a la política de “paz total” impulsada por el Gobierno colombiano no prosperó.
Larry Changa es identificado como uno de los fundadores de la organización criminal Tren de Aragua, junto a Héctor Guerrero Flores y Johan José Romero. Las autoridades le atribuyen delitos como terrorismo, financiamiento del terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada, secuestro, legitimación de capitales y asociación para delinquir. La estructura criminal llegó a expandirse por al menos 11 países de América y Europa, siendo además objeto de investigaciones por parte de Europol por presuntos casos de trata de personas y lavado de activos.
