La investigación, iniciada en 2019 en el fuero penal económico tras un informe de inteligencia financiera de la Unidad de Información Financiera (UIF) y una acusación impulsada por la PROCELAC, señala una serie de operaciones financieras, compra de propiedades, vehículos y movimientos bancarios que habrían servido para introducir dinero de origen ilícito en Argentina. Con información de Infobae.
El juez Marcelo Aguinsky procesó a Vuteff por el delito de “lavado de activos de origen delictivo, llevado a cabo con habitualidad”, aunque sin ordenar prisión preventiva. Además, dictó un embargo por 5.1 millones de dólares.
La causa sostiene que los hechos investigados estarían relacionados con “sucesos de corrupción y blanqueo de capitales que involucrarían a ex funcionarios de la República Bolivariana de Venezuela y la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA”.
En Estados Unidos, Vuteff había sido acusado en 2018 por supuestamente participar junto a un socio suizo en una conspiración para lavar 1.200 millones de dólares procedentes de sobornos asociados a PDVSA. Tras ser extraditado desde Suiza en 2022, negoció con el Departamento de Justicia estadounidense y se declaró culpable por lavado de dinero. Como parte del acuerdo, pactó una pena de 30 meses de prisión en diciembre de 2024.
El expediente argentino también menciona movimientos sospechosos relacionados con la compra de un campo en la provincia de Buenos Aires, inmuebles en la capital argentina, operaciones con bonos, vehículos de lujo y transferencias bancarias desde Suiza y Estados Unidos.
La investigación además conecta a Vuteff con una megacausa abierta en España junto al empresario suizo-argentino Ralph Steinmann, relacionada con presuntas operaciones de lavado vinculadas al exviceministro de Energía Eléctrica de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, investigado igualmente en Andorra y Estados Unidos.
De acuerdo con el procesamiento judicial, el grupo Swissinvest habría sido utilizado presuntamente para canalizar fondos de origen ilícito procedentes de estructuras de corrupción ligadas a altos directivos de PDVSA. El juez afirmó que dicha estructura habría movilizado al menos 5.5 millones de euros.
Durante su declaración, Vuteff negó las acusaciones y sostuvo que ya había sido investigado anteriormente por hechos similares. Sin embargo, el magistrado consideró que existían elementos suficientes para sostener que, bajo supuestos contratos de consultoría y gastos empresariales, se intentó dar apariencia de legalidad a fondos presuntamente obtenidos de manera irregular.
