Tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a una cárcel en Nueva York en enero, la nueva estructura de poder en Venezuela, encabezada por Delcy Rodríguez, ha iniciado un proceso de purga interna que afecta a figuras clave del chavismo, empresarios vinculados al régimen y altos mandos militares. La reconfiguración, que se desarrolla sin explicaciones públicas, ha implicado despidos, detenciones y desplazamientos dentro de la cúpula política y económica. Con información de El New York Times.
Rodríguez, quien asumió el control del país tras la salida de Maduro y su esposa Cilia Flores, ha ejecutado una redistribución de poder que incluye el reemplazo de al menos 17 ministros, la destitución de comandantes militares y el nombramiento de nuevos diplomáticos. Entre las figuras afectadas destacan el general Vladimir Padrino López, removido del Ministerio de Defensa, así como Nicolás Maduro Guerra y Yosser Gavidia Flores, quienes han sido apartados de negocios vinculados al Estado.
El proceso también ha alcanzado a empresarios cercanos al poder. Alex Saab, señalado por corrupción en Estados Unidos, fue destituido como ministro de Industria y posteriormente detenido. En el caso de Raúl Gorrín, su situación no ha sido aclarada oficialmente, mientras que Wilmer Ruperti se mantiene en libertad. Según fuentes citadas por medios internacionales, estas acciones han contado, en algunos casos, con presión o coordinación de la administración de Donald Trump.
La nueva administración ha redefinido alianzas internacionales y económicas. La relación con Cuba, representada por el canciller Bruno Rodríguez, se ha debilitado rápidamente, mientras que inversores occidentales han comenzado a posicionarse en sectores estratégicos como el petrolero y el minero. En paralelo, figuras como Oliver Blanco han sido incorporadas en roles diplomáticos, marcando un giro hacia perfiles menos ideologizados.
Dentro del aparato político, uno de los pocos dirigentes que ha mantenido su posición es Diosdado Cabello, actual ministro del Interior, quien pese a ser requerido por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, ha optado por alinearse públicamente con Rodríguez. Su entorno familiar también ha conservado cuotas de poder dentro del Estado.
La transformación ocurre en un contexto de fuerte influencia externa. Voceros de la Casa Blanca, como Anna Kelly, han reconocido una relación directa con la administración de Rodríguez, destacando beneficios económicos derivados del flujo petrolero. Sin embargo, dentro del chavismo persiste la desconfianza, alimentada por sospechas de traición interna en la captura de Maduro y por el giro político que ha llevado a antiguos aliados a perder influencia o enfrentar represalias.
Figuras mediáticas como Mario Silva han criticado abiertamente el nuevo rumbo, denunciando la subordinación a intereses estadounidenses. Mientras tanto, sectores tradicionales del chavismo y empresarios que prosperaron durante los gobiernos de Maduro y Hugo Chávez enfrentan un escenario marcado por incertidumbre, vigilancia y riesgo de exclusión.
A tres meses de estos acontecimientos, el país atraviesa una transición caracterizada por la concentración de poder en manos de Rodríguez, el debilitamiento de las estructuras tradicionales del chavismo y una apertura económica selectiva que beneficia a nuevos actores, en medio de cuestionamientos sobre la ausencia de cambios democráticos reales.
