Resulta insólito y contradictorio que un régimen responsable de la detención ilegal de cientos de ciudadanos pretenda ahora “amnistiarlos”, como si esas personas hubiesen cometido delito alguno. La amnistía, en este contexto, no repara una falta: intenta encubrirla. No libera culpables; reconoce, sin decirlo, la arbitrariedad de un sistema que encarceló y torturó por razones políticas y ahora busca pasar la página sin asumir responsabilidades.
El proyecto de Ley de Amnistía que actualmente se discute forma parte, sin duda, de los acuerdos alcanzados entre los Estados Unidos y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. Se trata de un trámite legal que se inscribe en la misma lógica que acompañó la aprobación de la Ley de Hidrocarburos: en la hoja de ruta trazada se reconoce que no es posible avanzar hacia la recuperación y estabilidad económica sin hacerlo, simultáneamente, en el terreno político.
La urgencia de esta ley para el régimen interino es evidente. Por ello ha sido sometida a un proceso limitado de diálogo entre distintos sectores. Su aprobación, inicialmente prevista para este martes, fue pospuesta para el jueves con el propósito de facilitar conversaciones con actores que exigen, con razón, la eliminación de las vergonzosas medidas cautelares que se pretenden imponer, la plena restitución de los derechos políticos de los exiliados y la necesaria precisión de que, cuando se hable de “medidas administrativas”, ello se refiera también a la suspensión de las inhabilitaciones políticas.
Para que esta ley tenga algún sentido en los avances democráticos planteados debe garantizar – de inmediato- la libertad de expresión, lo que implica la devolución de todos los medios de comunicación expropiados, así como la liberación de los partidos políticos y gremios sometidos a algún tipo de intervención por parte del régimen. Igualmente, la restitución de los derechos civiles y políticos de los venezolanos que residen en el exterior y de todo aquel que haya sufrido la abusiva e ilegal medida de suspensión de su documento de identidad (pasaporte).
Sin estos elementos, cualquier discurso sobre reconciliación quedaría reducido a una fórmula vacía.
Estamos, sin duda, ante una situación sorprendente que no puede explicarse únicamente por la presión y la tutela que la administración Trump ejerce sobre el gobierno interino. Hay también un debate interno en el seno del propio régimen, que por ahora parece inclinarse a favor de sectores que consideran necesario propiciar cierto grado de normalización y “bajarle dos” a la represión, frente a aquellos que temen que, sin ella, el proceso derive en su desintegración y en la rendición de cuentas individual.
Se trata, en suma, de un escenario en el cual un régimen que parecía indestructible, con su máximo jefe preso en EEUU, busca administrar o racionalizar la dura derrota recibida .
De manera que, si la Ley de Amnistía que se aprobará no cumple a cabalidad con todas las expectativas de la sociedad venezolana, no debería ser vista sino como el resultado parcial de un proceso inacabado.
Si con esta ley se logra la liberación efectiva de los presos políticos y cesan todas las medidas de coerción —penales y administrativas— contra la dirigencia opositora, se abriría una oportunidad significativa para rescatar la política como mecanismo legítimo de expresión y conflicto en nuestra sociedad.
Conviene, sin embargo, no confundir esta ley con un verdadero instrumento de justicia transicional. Tales mecanismos solo podrán existir cuando se instale un gobierno de transición capaz de evaluar con realismo la situación del país, las amenazas latentes y las concesiones inevitables que acompañan todo proceso de este tipo, con el objetivo de construir una democracia auténtica y sostenible.
Para transitar ese camino será indispensable – como señalamos la semana pasada – que la dirección política de la oposición logre recomponer el frente unitario que condujo al éxito de las primarias y al triunfo electoral del 28J. No se trata solo de honrar esas conquistas, sino de contar con un liderazgo investido de la autoridad suficiente para explicar al país las concesiones eventuales y las tensiones propias de toda transición.
Debemos fortalecer con amplitud a nuestro liderazgo legitimado en su capacidad necesaria para encabezar un proceso tan complejo. De allí que la reconstrucción de los espacios políticos (PUD) que hicieron posibles esos hitos recientes sea una tarea urgente e impostergable.
Mientras ese escenario se concreta, solo cabe celebrar que los presos regresen a sus hogares. Un proceso que, como se ha evidenciado, comenzó incluso antes de la aprobación formal de la ley. Las excarcelaciones otorgadas a dirigentes emblemáticos como Superlano, Carreño, Guanipa, Rocha, Alviárez, Somaza, Armas, Hernández y otros líderes regionales, confirman que el proceso está en marcha. No obstante, la imposición de nuevas medidas cautelares y arrestos domiciliarios dista mucho de ser una señal alentadora para la reconciliación.
Nos corresponde, entonces, mantener la presión para que los ritmos de este proceso se ajusten a la velocidad que la sociedad venezolana exige y necesita.
