La corrupción no solo erosiona la democracia y el Estado de derecho, sino que también impacta de forma directa y grave en el goce y ejercicio de los derechos humanos. Así lo reconoce la Guía de utilización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de lucha contra la corrupción, elaborada por Claudio Nash Rojas, que busca orientar a organizaciones de la sociedad civil en el uso estratégico de los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para enfrentar este flagelo.
El texto destaca que, históricamente, las agendas de lucha contra la corrupción y de protección de los derechos humanos avanzaban de forma paralela, sin profundizar en sus puntos de convergencia. Sin embargo, en las últimas décadas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han reconocido la interrelación entre ambos campos, desarrollando estándares y recomendaciones para combatir la corrupción como problema estructural y violatorio de derechos fundamentales.
La guía identifica que la corrupción puede ser tanto un contexto facilitador como un acto generador de violaciones de derechos humanos, y que su combate debe estar presente en todas las funciones del SIDH: monitoreo, promoción, protección y desarrollo de jurisprudencia. Esto incluye el uso de herramientas como informes de país y temáticos, audiencias públicas, resoluciones, casos contenciosos, medidas cautelares, opiniones consultivas y actividades de promoción.
Entre los ejemplos documentados, la CIDH ha señalado que la corrupción debilita la institucionalidad democrática, distorsiona la economía, agrava la desigualdad y afecta de forma desproporcionada a grupos históricamente discriminados, como mujeres, pueblos indígenas, personas privadas de libertad y defensores de derechos humanos. Asimismo, ha vinculado la corrupción con el deterioro de la independencia judicial, la captura institucional y la impunidad, subrayando la necesidad de adoptar medidas efectivas de prevención, sanción y reparación integral a las víctimas.
La guía plantea un enfoque estratégico: definir objetivos claros, seleccionar los mecanismos más idóneos del SIDH y prever los resultados esperados. En este sentido, insta a que las organizaciones documenten de manera sólida los hechos de corrupción, su impacto en derechos humanos y las obligaciones internacionales incumplidas por el Estado, para que la CIDH pueda incluir recomendaciones específicas en sus pronunciamientos.
La convergencia entre lucha anticorrupción y derechos humanos —afirma la guía— no es solo un ejercicio teórico, sino una hoja de ruta para transformar las realidades hemisféricas, garantizar el disfrute pleno de los derechos y prevenir la repetición crónica de la corrupción en la región.
