Fiscales de Estados Unidos acusan al empresario venezolano-estadounidense Roger Piñate, fundador de la empresa tecnológica electoral Smartmatic, de haber entregado una casa como soborno a Tibisay Lucena Ramírez, entonces presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, a cambio de favores políticos y contractuales con el régimen de Nicolás Maduro. Con información de Radio América.
De acuerdo con documentos judiciales presentados ante la Corte del Distrito Sur de Florida, Piñate transfirió entre abril y julio de 2019 una residencia ubicada en Caracas —descrita como una casa de clase media alta con piscina, controlada por el empresario mediante una corporación extranjera— a nombre de Lucena Ramírez. Las autoridades estadounidenses sostienen que la transacción fue parte de un esquema de sobornos para que la exfuncionaria intercediera ante el Gobierno y ayudara a resolver un conflicto que la empresa mantenía con el chavismo desde las cuestionadas elecciones de 2017.
Según la acusación, Piñate buscaba recuperar su posición como proveedor del sistema electoral venezolano, después de que Smartmatic denunciara públicamente una manipulación masiva de resultados durante la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. La denuncia, que alertó sobre una diferencia de un millón de votos entre el resultado oficial y la participación real, provocó la ruptura definitiva entre la compañía y el régimen, y el fin de los contratos con el Estado.
“Al final, Lucena Ramírez tomó control de la residencia, y el Gobierno (de Estados Unidos) intenta probar y argumentar que esto implicó un pago de soborno para su ayuda en negocios relacionados con la elección mientras ella estaba empleada en el CNE”, se lee en la acusación, que incluye tres imágenes de la vivienda.
Smartmatic, con sede en Londres, prestó servicios al sistema electoral venezolano entre 2004 y 2018, además de haber trabajado en elecciones de países como México, Filipinas y Estados Unidos. El caso contra Piñate se enmarca en una investigación más amplia por corrupción internacional. En este expediente también están implicados Jorge Miguel Vásquez (estadounidense), Elie Moreno (estadounidense-israelí) y Juan Andrés Donato (filipino), quienes habrían participado junto a Piñate en un plan de sobornos para obtener contratos electorales en Filipinas en 2016.
En paralelo, Smartmatic ha estado bajo la lupa en Estados Unidos tras haber demandado a la cadena Fox News por 2.700 millones de dólares por difamación, luego de que se le vinculara falsamente con el presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020, impulsado sin pruebas por el entonces presidente Donald Trump.
La acusación contra Piñate vuelve a colocar en el centro del debate la opacidad y las irregularidades que han marcado la historia electoral reciente de Venezuela. También deja en evidencia cómo las redes de corrupción política y empresarial han cruzado fronteras, utilizando influencias y recursos para mantener el control sobre procesos electorales clave en regímenes autoritarios.
