Incluso en la pandemia, no hay descanso para los estafadores en América Latina.
Efectos del coronavirus sobre el crimen organizado de América Latina
Desde Argentina hasta Panamá, varios funcionarios se han visto obligados a renunciar a medida que crecen los informes de compras fraudulentas de ventiladores, máscaras y otros suministros médicos. Las operaciones se caracterizan por los elevados precios de los fabricantes y la especulación por parte de intermediarios con vínculos políticos que ven la crisis como una oportunidad para desviar fondos públicos.
“Cuando hay una situación grave, la Regla de Gasto se flexibiliza y siempre hay alguien buscando aprovechar para lucrarse”, dijo José Ugaz, un ex fiscal peruano que encarceló al ex presidente Alberto Fujimori y fue presidente de Transparencia Internacional de 2014-17.
Los focos de infección siguen extendiéndose en América Latina, impulsando un aumento en la cifra de muertes, colapsando hospitales ya precarios y amenazando con devastar las economías deprimidas.
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Bajo este contexto, los reportes de fraude se han multiplicado.
La policía de Río de Janeiro allanó el martes (26 de mayo) la residencia del gobernador, como parte de una investigación sobre la supuesta malversación de una parte de los 150 millones de dólares en fondos públicos destinados a la construcción de hospitales de campaña.
En Colombia, 14 de 32 gobernadores están bajo investigación por delitos que van desde la malversación hasta la adjudicación ilegal de contratos sin licitación. En la capital de Argentina, Buenos Aires, los fiscales están investigando a un hombre con vínculos políticos, por la compra de 15,000 máscaras quirúrgicas N95 que, a pesar de haber expirado, le costaron a la ciudad 10 veces su precio real.
Quizás la mayor consecuencia es en Bolivia, donde el ministro de salud fue arrestado en medio de acusaciones sobre la compra de 170 ventiladores con sobreprecio. Las máquinas de respiración se compraron por casi 28 mil dólares cada una. Pero su fabricante español dijo que los vendió a un distribuidor por solo 6 mil euros. Para empeorar las cosas, las máquinas no son adecuadas para un uso prolongado.
Acusaciones similares de sobrefacturación han sacudido a Panamá, donde renunció un importante asesor del presidente Laurentino Cortizo y su vicepresidente está bajo presión para renunciar, después de que los fiscales comenzaron el mes pasado a investigar la compra de 100 ventiladores a casi 50 mil dólares cada uno.
En Brasil, que tiene el segundo número más alto de casos confirmados de Covid-19 en el mundo, la policía de un estado creó un grupo de trabajo para investigar los delitos relacionados a la pandemia. Su apodo, “Corona Jato”, es un guiño al mayor escándalo de corrupción reciente de la región, “Lava Jato”, que descubrió miles de millones robados de empresas estatales.
Sin duda, los desastres ocasionan corrupción en todo el mundo, no solo en América Latina. España, Italia y otros países también se han visto sacudidos por revelaciones de irregularidades durante la pandemia.
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Pero el robo de fondos estatales es especialmente problemático en América Latina debido a la pobreza extrema y la débil red de seguridad social, donde más de la mitad de sus trabajadores tienen empleos en el sector informal, sin cobertura médica o seguridad social.
