La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), organismo adscrito al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, presentó el 17 de noviembre una propuesta para modificar los requisitos de identificación de los beneficiarios finales de empresas que mantienen relaciones con instituciones financieras estadounidenses. La iniciativa busca fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros, al tiempo que introduce cambios en los procedimientos de verificación que aplican los bancos.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la exclusión del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) como sustituto del número de Seguro Social para identificar a los propietarios beneficiarios de una empresa. El ITIN es emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) a personas que necesitan cumplir obligaciones tributarias federales, pero no reúnen los requisitos para obtener un número de Seguro Social. Según FinCEN, este documento tiene una finalidad exclusivamente fiscal y no constituye una identificación válida para sustituir los documentos exigidos en los procedimientos de debida diligencia bancaria.
La modificación afectaría la aplicación de la regla de debida diligencia del cliente (CDD), adoptada en 2016, que obliga a determinadas instituciones financieras a identificar y verificar a las personas que poseen al menos el 25 % de una empresa o ejercen responsabilidades significativas sobre su administración. La propuesta también permitiría a los bancos solicitar información adicional cuando existan riesgos financieros o inquietudes de los organismos supervisores. Sin embargo, no prohibiría a los titulares de ITIN abrir cuentas bancarias ni modificaría el uso del Número de Identificación del Empleador (EIN), utilizado por las empresas para fines tributarios.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que las instituciones financieras desempeñan un papel fundamental en la protección del sistema económico frente a organizaciones criminales y cárteles. La iniciativa también contempla reducir cargas administrativas al incorporar permanentemente una medida excepcional adoptada por FinCEN en febrero de 2026, que elimina la obligación de verificar nuevamente a los beneficiarios finales cada vez que una empresa abre una cuenta adicional, salvo que existan dudas sobre la información registrada o que los controles internos de riesgo requieran una nueva revisión.
La propuesta se produce en el contexto de las políticas impulsadas por la administración de Donald Trump para modificar los controles financieros y reforzar la detección de operaciones sospechosas. No obstante, organizaciones del sector bancario han advertido sobre posibles consecuencias para empresarios extranjeros y comunidades migrantes. La Asociación de Banqueros Comunitarios Independientes (ICBA) ha señalado que considerar el uso del ITIN como un indicador de sospecha podría dificultar el acceso a hipotecas, financiamiento agrícola y créditos para pequeñas empresas que desarrollan actividades legítimas.
El cambio todavía no constituye una regulación definitiva. FinCEN contempla un período de 60 días para recibir comentarios públicos después de su publicación en el Registro Federal, antes de decidir sobre la aprobación de una norma final. Mientras tanto, las instituciones financieras deben continuar aplicando las obligaciones vigentes de identificación y debida diligencia. La discusión regulatoria plantea el desafío de fortalecer la prevención del lavado de dinero sin imponer obstáculos desproporcionados a empresas legítimas con propietarios extranjeros.










