Casi 200 Empresas Buscan Convertir Deudas de PDVSA en Financiamiento Mediante un Nuevo Mecanismo

La iniciativa Capital Nacional propone auditar y certificar las obligaciones comerciales pendientes de Petróleos de Venezuela (PDVSA) para transformarlas en instrumentos financieros. El mecanismo, denominado “acreencias espejo”, busca facilitar el acceso al crédito de empresas contratistas, aunque su implementación enfrenta restricciones regulatorias de Estados Unidos.

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Foto Archivo

Cerca de 200 empresas, principalmente venezolanas, que mantienen cuentas pendientes por cobrar a Petróleos de Venezuela (PDVSA) impulsan una propuesta para convertir esas obligaciones en instrumentos financieros que les permitan recuperar liquidez y acceder a nuevas fuentes de financiamiento. La iniciativa, denominada Capital Nacional, plantea un mecanismo conocido como “acreencias espejo”, según una investigación publicada por Bloomberg Línea el 18 de noviembre.

El proyecto fue presentado en Caracas con la participación de representantes empresariales y especialistas financieros, entre ellos los economistas Luis Vicente León y Asdrúbal Oliveros, así como Thomas Norgaard, directivo del fondo estadounidense Gramercy. Alejandro Dopazo, director del Grupo Petroamérica y uno de los promotores de Capital Nacional, explicó que numerosas compañías acumulan facturas impagas desde hace más de una década, situación que limita su capacidad para invertir en equipos, tecnología y personal, precisamente cuando aumenta la demanda de servicios petroleros.

La propuesta contempla inicialmente una auditoría y certificación independiente de las obligaciones comerciales para determinar su legitimidad, identificar a los acreedores y establecer los montos reconocibles. Posteriormente, las facturas verificadas podrían convertirse en instrumentos financieros con documentación propia, mecanismos de trazabilidad y controles para evitar duplicaciones o fraudes. Estos activos podrían utilizarse como garantías para obtener líneas de crédito, sin necesidad de esperar a que concluya una eventual reestructuración de la deuda venezolana.

Aunque todavía no existe una cuantificación definitiva de las obligaciones correspondientes a las empresas agrupadas en Capital Nacional, Dopazo señaló que algunas estimaciones sitúan el conjunto de acreencias comerciales entre 30.000 millones y 40.000 millones de dólares. Sin embargo, aclaró que estas cifras son referenciales y no corresponden exclusivamente a las compañías participantes. La falta de registros consolidados y de certificaciones independientes constituye uno de los principales obstáculos para determinar el alcance real de las reclamaciones.

El desarrollo de la iniciativa también depende del marco de sanciones estadounidenses. La Licencia General 58, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 5 de mayo de 2026, autoriza determinados servicios legales, financieros y de consultoría relacionados con la preparación de alternativas de reestructuración de deuda, pero no permite ejecutar acuerdos ni realizar negociaciones directas entre el Gobierno interino venezolano y sus acreedores. Por esta razón, Capital Nacional todavía no ha iniciado conversaciones formales con las autoridades y deberá esperar nuevas autorizaciones para avanzar hacia esa etapa.

La Cámara Petrolera de Venezuela manifestó su respaldo a la propuesta al considerar que la recuperación de las empresas proveedoras es fundamental para ampliar las operaciones de la industria. No obstante, la viabilidad del mecanismo dependerá de la certificación de las acreencias, del cumplimiento de las regulaciones internacionales y de la capacidad futura de pago de PDVSA. Por ahora, las “acreencias espejo” constituyen una alternativa financiera en desarrollo y no un acuerdo aprobado de reconocimiento o cancelación de las deudas.

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