La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos confirmó el martes 27 de octubre la validez de los bonos PDVSA 2020, emitidos durante el régimen de Nicolás Maduro y garantizados con el 50,1 % de las acciones de Citgo Holding. La decisión, adoptada por unanimidad por un panel de tres jueces, ratifica que la operación financiera realizada en 2016 no requería autorización previa de la Asamblea Nacional venezolana y fortalece la posición de los acreedores que buscan recuperar una deuda multimillonaria mediante los activos de la petrolera estatal en Estados Unidos.
La controversia se originó en septiembre de 2016, cuando Petróleos de Venezuela (PDVSA) ofreció intercambiar bonos con vencimiento en 2017 por nuevos títulos que vencerían en 2020. Como garantía, la empresa comprometió una participación mayoritaria en Citgo Holding, propietaria de Citgo Petroleum, una de las principales refinadoras de petróleo en Estados Unidos. La operación fue cuestionada por la Asamblea Nacional, entonces controlada por la oposición, que sostuvo que comprometer un activo estratégico del Estado requería autorización legislativa conforme al artículo 150 de la Constitución venezolana. Tras el incumplimiento de los pagos en octubre de 2019, comenzó una disputa judicial para determinar la validez de los títulos y de la garantía.
En su sentencia, correspondiente al expediente 25-2652, el tribunal estadounidense concluyó que el artículo 150 de la Constitución venezolana no exigía la aprobación previa de la Asamblea Nacional para la operación realizada por PDVSA. Los magistrados también determinaron que las resoluciones legislativas que rechazaron el canje de deuda no podían producir automáticamente efectos jurídicos sobre activos y operaciones situados fuera del territorio venezolano. Con esta interpretación, la Corte confirmó la decisión de un tribunal federal de Nueva York que había reconocido la validez de los documentos financieros y de la garantía sobre Citgo.
El fallo tiene consecuencias económicas relevantes. En octubre de 2025, un tribunal federal había establecido una obligación de aproximadamente 2.860 millones de dólares a cargo de PDVSA y PDVSA Petróleo, correspondiente al capital vencido y los intereses acumulados de los bonos. La ratificación judicial fortalece los derechos de sus tenedores en un momento en que Citgo enfrenta un proceso de venta ordenado por un tribunal de Delaware para satisfacer reclamaciones de acreedores de Venezuela. Amber Energy, vinculada al fondo Elliott Investment Management, obtuvo la aprobación judicial de una oferta de 5.900 millones de dólares por PDV Holding, matriz de Citgo. La propuesta contempla destinar aproximadamente 2.000 millones de dólares al pago de los tenedores de los bonos PDVSA 2020.
Sin embargo, la decisión no implica una transferencia inmediata de las acciones de Citgo ni autoriza automáticamente la ejecución de la garantía. La operación continúa sujeta a otros procedimientos judiciales y a las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense. La Licencia General 5Z, emitida en septiembre de 2026, mantiene aplazada hasta el 5 de noviembre la autorización general relacionada con determinadas transacciones sobre los bonos y sus garantías. Además, la venta de PDV Holding enfrenta una apelación ante la Corte del Tercer Circuito, cuyo pronunciamiento sigue pendiente.
La sentencia también introduce un precedente relevante en el debate sobre la validez de los compromisos financieros y contratos suscritos por empresas estatales venezolanas sin autorización legislativa. Aunque el fallo se refiere específicamente a los bonos PDVSA 2020 y no determina automáticamente la legalidad de otros acuerdos petroleros, establece una interpretación judicial sobre los límites de la intervención de la Asamblea Nacional en operaciones realizadas por la petrolera estatal. En medio de los nuevos acuerdos energéticos y las negociaciones sobre activos venezolanos en Estados Unidos, la decisión vuelve a colocar en el centro de la discusión la seguridad jurídica de los contratos, los derechos de los acreedores y el riesgo de pérdida de activos estratégicos del país.
