La industria petrolera venezolana enfrenta dos visiones diferentes entre las principales compañías estadounidenses. Mientras Chevron contempla inversiones por 7.000 millones de dólares para duplicar su producción en los próximos cinco años, ExxonMobil mantiene una posición cautelosa y condiciona cualquier compromiso importante a la existencia de garantías jurídicas, estabilidad contractual y condiciones económicas que permitan recuperar sus inversiones.
Durante la presentación de los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2026, el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, reiteró que Venezuela todavía necesita cambios sustanciales en sus marcos legales y fiscales. Aunque reconoció avances recientes, advirtió que aún existen obstáculos importantes para garantizar operaciones sostenibles. «No tenemos prisa», afirmó el ejecutivo, quien sostuvo que la compañía evaluará cuidadosamente las oportunidades antes de comprometer recursos. Su posición responde también a los antecedentes de nacionalización de activos de ExxonMobil durante el régimen de Hugo Chávez, particularmente en 2007, cuando la empresa perdió el control de sus operaciones en el país.
La postura de Woods contrasta con las expectativas de la administración de Donald Trump, que ha promovido el regreso de grandes inversiones estadounidenses al sector energético venezolano. En enero, el ejecutivo calificó a Venezuela como un país donde no se podía invertir bajo las condiciones existentes, una declaración que provocó el rechazo público de Trump. Pese a las diferencias, Woods considera que ExxonMobil podría desempeñar un papel relevante en el futuro petrolero venezolano, aunque insiste en que cualquier proyecto deberá ofrecer rentabilidad, seguridad jurídica y condiciones competitivas frente a otras oportunidades internacionales.
Por su parte, Chevron avanza con una estrategia de expansión que contempla elevar su producción desde aproximadamente 300.000 hasta 600.000 barriles diarios para 2031. Su director ejecutivo, Mike Wirth, aseguró que la permanencia de la compañía en Venezuela representa una ventaja frente a otros competidores, debido a su conocimiento de los yacimientos, la infraestructura y las condiciones operativas. Según explicó, los nuevos términos contractuales permitirían a Chevron administrar directamente el flujo del petróleo producido y gestionar sus obligaciones fiscales y regalías, bajo condiciones que considera más competitivas. Estas afirmaciones plantean interrogantes sobre el alcance de los nuevos acuerdos y los mecanismos de supervisión de los ingresos correspondientes al Estado venezolano.
La expansión petrolera también involucra a otros actores. Continental Resources, fundada por el empresario Harold Hamm, aliado de Trump, suscribió un memorando de entendimiento con PDVSA para explorar el desarrollo de proyectos en la Faja Petrolífera del Orinoco. Paralelamente, North American Blue Energy Partners (NABEP), dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, participa en un acuerdo promovido por Washington que comprende 17 campos petroleros y reservas anunciadas de aproximadamente 65.000 millones de barriles. Sin embargo, persisten interrogantes sobre la viabilidad comercial de esas reservas, las condiciones contractuales y la distribución de los ingresos derivados de su explotación.
Las diferencias entre Chevron y ExxonMobil evidencian que la recuperación petrolera venezolana continúa condicionada por factores políticos, jurídicos y financieros. Aunque la producción nacional habría superado los 1,2 millones de barriles diarios en octubre, todavía se encuentra muy por debajo de los niveles históricos del país. En este escenario, el gobierno interino de Delcy Rodríguez enfrenta el desafío de atraer inversiones y recuperar una industria deteriorada, mientras permanecen abiertas preguntas fundamentales sobre la transparencia de los contratos, la protección de los inversionistas y el destino de los recursos generados por el petróleo venezolano.
