La dirigente opositora María Corina Machado cuestionó públicamente el acuerdo petrolero entre Estados Unidos, el gobierno interino de Delcy Rodríguez y North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa encabezada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt. Durante una rueda de prensa celebrada el 29 de octubre en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, Machado denunció la falta de transparencia del convenio que contempla la explotación de 17 campos petroleros venezolanos y señaló los antecedentes de investigaciones internacionales relacionadas con el empresario.
La dirigente aseguró que desconoce el contenido completo del contrato y cuestionó que sus condiciones no hayan sido divulgadas públicamente. A su juicio, los acuerdos relacionados con los recursos energéticos venezolanos deben estar sometidos a mecanismos de transparencia que permitan conocer sus términos, beneficiarios y obligaciones. Machado sostuvo que el convenio de NABEP no responde a las exigencias de transparencia de la sociedad venezolana y defendió el derecho de los ciudadanos a conocer los compromisos adquiridos sobre los recursos petroleros del país.
Uno de los señalamientos más relevantes estuvo dirigido a Alejandro Betancourt, quien ha sido objeto de investigaciones relacionadas con operaciones financieras vinculadas a Venezuela. Machado hizo referencia a procedimientos judiciales internacionales que han involucrado al empresario y recordó los cuestionamientos sobre su participación en negocios desarrollados durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
El acuerdo de NABEP contempla operaciones sobre 17 campos petroleros con reservas anunciadas de aproximadamente 65.000 millones de barriles. Según las condiciones divulgadas por la compañía, Estados Unidos tiene una participación del 35 % en su matriz corporativa y el derecho a adquirir el 20 % de la producción a costo de extracción. Sin embargo, las cifras de reservas, la capacidad de producción y la viabilidad económica del proyecto han sido cuestionadas por especialistas del sector energético. La ausencia de una publicación íntegra de los documentos contractuales también dificulta establecer el alcance de las obligaciones asumidas por las partes.
Pese a sus cuestionamientos, Machado sostuvo que un eventual gobierno respetaría los contratos legalmente suscritos, aunque algunos podrían ser renegociados para establecer condiciones más favorables. La dirigente defendió un modelo de apertura petrolera basado en licitaciones públicas, reglas competitivas, seguridad jurídica y mecanismos de arbitraje internacional. También reiteró su propuesta de crear una agencia autónoma de hidrocarburos que supervise el sector y establezca condiciones transparentes para las inversiones nacionales y extranjeras.
Las declaraciones introducen un nuevo elemento de incertidumbre política y reputacional sobre el acuerdo de NABEP, que ya enfrenta interrogantes relacionados con sus reservas petroleras, capacidad operativa y condiciones comerciales. Aunque Machado no anunció acciones para anular el contrato, sus señalamientos colocan nuevamente en el centro del debate la transparencia de las negociaciones entre Washington y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, así como los mecanismos de control sobre la explotación de los recursos petroleros venezolanos.
