La Administración de Donald Trump impulsa la llegada de oro venezolano a Estados Unidos, pero las refinerías se niegan a procesarlo ante las dudas sobre su procedencia y los posibles vínculos de las empresas proveedoras con prácticas corruptas. Según una investigación de The New York Times, publicada el 28 de septiembre, los cargamentos enviados al país permanecen intactos en almacenes, pese a estar valorados en cientos de millones de dólares.
El reportaje examina una cadena comercial que conecta las minas del sur de Venezuela con la Casa Blanca y firmas europeas de materias primas. Entre sus hallazgos, señala que financieros estadounidenses invierten en una mina vinculada con integrantes del crimen organizado como parte de un acuerdo negociado por Washington. También indica que algunos cargamentos salen de Venezuela antes de que las empresas visiten las instalaciones mineras y que parte del metal procede de mineros que pagan sobornos a bandas criminales.
Las dudas sobre la trazabilidad del oro constituyen el principal obstáculo para su refinación. Los estándares internacionales de abastecimiento responsable exigen verificar la procedencia del metal y evaluar si su extracción o comercialización contribuyen al financiamiento de grupos criminales, la corrupción o la destrucción ambiental. Las refinerías necesitan resolver esos riesgos antes de incorporar los cargamentos a sus operaciones.
La operación supone un cambio respecto de las restricciones adoptadas durante el primer mandato de Trump. En marzo de 2019, Washington sanciona a la minera estatal Minerven por su papel en el sector aurífero venezolano, señalado por sus conexiones con prácticas corruptas y daños ambientales. Siete años después, la misma empresa aparece como proveedora en el acuerdo promovido por la Administración estadounidense.
En marzo de 2026, funcionarios estadounidenses negocian con Minerven una operación para comercializar entre 650 y 1.000 kilogramos de oro en barras doré, una aleación semirrefinada que requiere procesamiento adicional. El acuerdo contempla el suministro del metal a Trafigura, encargada de trasladarlo a refinerías estadounidenses. Según la información difundida sobre la negociación, el volumen máximo equivale a una tonelada, valorada entonces en aproximadamente 165 millones de dólares.
Los hallazgos sitúan bajo escrutinio los controles aplicados antes de autorizar el traslado del oro. La llegada de los cargamentos a Estados Unidos no resuelve las dudas sobre su origen: su procesamiento depende de que las empresas puedan acreditar una cadena de suministro compatible con las exigencias de abastecimiento responsable.
