El acuerdo de la Administración Trump con North American Blue Energy Partners (NABEP) enfrenta nuevos cuestionamientos parlamentarios. Jeanne Shaheen, Jack Reed, Elizabeth Warren y Martin Heinrich, los principales demócratas de los comités de Relaciones Exteriores, Servicios Armados, Banca y Energía, reclaman explicaciones sobre su legalidad y transparencia, según informa The Wall Street Journal.
En una carta dirigida a altos funcionarios de la Administración, los senadores solicitan los términos del acuerdo, su fundamento jurídico y documentación sobre posibles conflictos de interés. Uno de los puntos centrales es la autoridad legal que permitiría al Pentágono adquirir una participación del 35 % en NABEP. También cuestionan si el mecanismo resulta compatible con los objetivos estadounidenses de apoyar una transición democrática en Venezuela.
A estos cuestionamientos se suma una nueva petición en la Cámara de Representantes. Este 1 de octubre, Gregory Meeks, Robert Garcia, Jared Huffman, Frank Pallone y Joaquin Castro solicitan a Marco Rubio y Pete Hegseth el texto del acuerdo, las concesiones realizadas por Estados Unidos para conseguirlo y las medidas para evitar que Betancourt o funcionarios venezolanos desvíen los ingresos petroleros. Según el comunicado de los demócratas del Comité de Asuntos Exteriores, durante una sesión informativa cerrada del 14 de septiembre los funcionarios no entregaron ni se comprometieron a entregar los contratos y dejaron sin responder qué aporta Washington a cambio de una participación potencialmente valorada en miles de millones de dólares.
Los antecedentes de Betancourt y las investigaciones internacionales que lo han afectado figuran entre las razones de los legisladores para exigir mayor transparencia sobre la selección de NABEP. Estas solicitudes constituyen actuaciones de supervisión parlamentaria: no representan una nueva acusación penal contra el empresario ni una conclusión del Congreso sobre irregularidades en el acuerdo.
Las peticiones mantienen abierta una cuestión central: qué contraprestación entrega Estados Unidos por los derechos para adquirir la participación del 35 %. Mientras no se conocen los documentos contractuales, la afirmación de que Washington obtiene esa posición «a coste cero» debe atribuirse a la Casa Blanca. También sigue pendiente precisar qué entidad mantiene esos derechos y cuáles son sus condiciones de ejercicio, sin asumir que el Pentágono ya posee directamente el 35 % de la empresa operativa venezolana.
La entrega de los contratos y de la justificación jurídica puede esclarecer la estructura de la operación, los derechos económicos y de gobierno corporativo previstos para Washington y los controles sobre los ingresos petroleros. Las nuevas solicitudes amplían el escrutinio en ambas cámaras sobre un acuerdo cuyos términos siguen siendo objeto de cuestionamientos legales, financieros y de política exterior.
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