Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra tres funcionarios cubanos y nueve entidades estatales, en una medida que amplía la presión económica de Washington sobre sectores considerados estratégicos para el régimen de La Habana, entre ellos la minería, la metalurgia, la construcción y el comercio exterior.
Las designaciones, anunciadas el 20 de agosto, fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, que permite imponer sanciones a personas y entidades relacionadas con la represión en Cuba y con actividades que Washington considera una amenaza para su seguridad nacional y política exterior. Los sancionados pasan a estar sujetos a las restricciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Entre las personas incluidas figuran Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP); Noemí Ramona Rabaza Fernández, primera vicepresidenta de la organización; y Leima Martínez Freire, directora para Norteamérica. El ICAP ya había sido sancionado previamente por Estados Unidos. González Llort fue uno de los cinco agentes cubanos detenidos en 1998 en Estados Unidos y permaneció encarcelado durante aproximadamente 15 años antes de regresar a Cuba en 2014.
La nueva acción también alcanza a cuatro entidades relacionadas con la explotación y comercialización de minerales y metales: Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, Metalcuba, Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal) y Acinox Comercial. Washington sostiene que estas estructuras contribuyen a generar recursos para el aparato estatal cubano mediante actividades vinculadas con sectores estratégicos de la economía.
A la lista se incorporaron además el Ministerio de la Construcción de Cuba (MICONS) y la Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales S.A. (ACOREC). Esta última suministra trabajadores cubanos a compañías extranjeras que operan en la isla. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, ACOREC habría retenido más del 90 % de los salarios pagados por empresas extranjeras por el trabajo de esos empleados cubanos.
OFAC también designó a Coratur S.A., Transimport y Consumimport, empresas vinculadas al Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX), previamente sancionado por Washington. Las compañías participan en actividades relacionadas con el comercio exterior, las importaciones y el abastecimiento de distintos sectores de la economía cubana.
La medida forma parte de una ofensiva más amplia de la Administración de Donald Trump para aumentar la presión financiera sobre las estructuras estatales cubanas. Según Washington, las designaciones buscan limitar el acceso a recursos y operaciones internacionales de entidades que considera vinculadas al sostenimiento económico del régimen.
Como consecuencia de las sanciones, los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados, mientras que determinadas operaciones con los sancionados quedan prohibidas salvo autorización de OFAC. La inclusión en las listas estadounidenses también puede incrementar los riesgos de cumplimiento para bancos y compañías extranjeras que mantengan relaciones comerciales con las entidades señaladas.
