El nuevo fondo de 1.800 millones de dólares promovido por la administración de Donald Trump ha provocado fuertes cuestionamientos en Estados Unidos por lo que diversos analistas consideran una peligrosa utilización política del Departamento de Justicia y de recursos públicos para beneficiar a aliados del mandatario. Con información de The New York Times.
El programa, denominado oficialmente “Fondo contra la instrumentalización”, fue presentado como un mecanismo para compensar a personas que, según el gobierno, habrían sufrido persecución política o ideológica. Sin embargo, críticos de la medida sostienen que el verdadero objetivo sería proteger y recompensar a figuras cercanas a Trump involucradas en investigaciones federales, incluidos participantes en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.
La iniciativa surge tras una demanda presentada por Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones fiscales durante su primer mandato. El caso terminó en un acuerdo ampliamente cuestionado debido a que ambas partes dependían, en última instancia, del propio Ejecutivo encabezado por Trump.
La jueza federal Kathleen Williams llegó a advertir durante el proceso que las partes no parecían ser realmente adversarias, mientras el propio Trump reconoció públicamente la situación al afirmar: “Se supone que tengo que llegar a un acuerdo conmigo mismo”.
El acuerdo no solo permitió retirar la demanda contra el IRS, sino que además abrió la puerta a beneficios fiscales para Trump y su entorno familiar. Según especialistas citados en medios estadounidenses, el mandatario enfrentaba auditorías tributarias que potencialmente podían representar más de 100 millones de dólares en pagos o sanciones.
El financiamiento del nuevo fondo provendría del llamado “Fondo de Sentencias”, una reserva creada por el Congreso estadounidense en 1956 para cubrir demandas contra el gobierno federal. Expertos legales han advertido que el uso de esos recursos para compensaciones de carácter político contradice el espíritu original de la legislación.
El exfuncionario del Departamento de Justicia Paul Figley calificó la medida como “una política horrible”, mientras aumentan las críticas por la discrecionalidad con la que se manejarán los recursos.
La supervisión del fondo quedará en manos de una junta de cinco miembros designados bajo la autoridad del fiscal general interino Todd Blanche, quien anteriormente fue abogado personal de Trump. Además, el presidente podrá remover a cualquier integrante de la junta en cualquier momento.
Entre los precedentes citados por críticos del programa aparece el caso de Michael Flynn, quien recibió 1.25 millones de dólares pese a haberse declarado culpable de mentir al FBI. También figura la familia de Ashli Babbitt, que obtuvo casi 5 millones de dólares tras su muerte durante el asalto al Capitolio, a pesar de que las investigaciones federales exoneraron a los agentes involucrados.
El Departamento de Justicia anunció que el fondo dejará de recibir reclamaciones el 15 de diciembre de 2028, pocas semanas antes del final del mandato presidencial de Trump, lo que, según analistas, garantizaría que la distribución del dinero ocurra mientras el mandatario conserve el control político sobre el proceso.
Incluso dentro del Partido Republicano surgieron señales de incomodidad. El senador John Thune declaró que no era “muy partidario” del programa, mientras que Brian Morrissey renunció pocas horas después del anuncio oficial.
La controversia se suma a otras decisiones adoptadas por Trump desde su regreso al poder, incluyendo el indulto masivo a más de 1.500 personas vinculadas al asalto al Capitolio y las acciones contra funcionarios federales que participaron en investigaciones relacionadas con las elecciones de 2020.
Diversos sectores políticos y jurídicos en Estados Unidos consideran que estas medidas representan un intento por transformar las instituciones federales en herramientas de protección política y represalia contra adversarios, debilitando los mecanismos de independencia construidos tras el escándalo de Watergate durante la presidencia de Richard Nixon.
