La captura en Estados Unidos de Nicolás Maduro no solo ha reconfigurado el tablero político en Caracas, sino que ha empezado a generar efectos inmediatos y peligrosos en la frontera colombo-venezolana. En la madrugada del 6 de enero, hombres armados interceptaron un autobús civil en una carretera cercana a Tibú, en el noreste de Colombia, obligaron a los pasajeros a entregar sus teléfonos y secuestraron a cinco policías. Los responsables eran miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla que ha encontrado en Venezuela un santuario clave para su expansión criminal. Con información de The New York Times.
Durante años, el ELN ha operado con libertad en territorio venezolano, beneficiándose de una alianza de conveniencia con el régimen chavista. Al menos la mitad de sus combatientes se encuentran hoy del lado venezolano de la frontera, controlando corredores estratégicos utilizados para el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas. En los meses previos a la operación estadounidense en Caracas, el entorno de Maduro habría permitido que el grupo ampliara su dominio territorial por temor a que Colombia sirviera como plataforma para acciones militares de Washington.
Ese margen de maniobra ha envalentonado al ELN, que ahora desafía abiertamente al Estado colombiano y se posiciona como un actor dispuesto a confrontar también los intereses de Estados Unidos. Desde diciembre, la guerrilla lanzó una ofensiva en la región del Catatumbo que ha desplazado a miles de civiles y desatado enfrentamientos con el Frente 33, una facción disidente de las antiguas FARC, en disputa por el control de ríos utilizados para el tráfico transfronterizo. Ni siquiera el despliegue de decenas de miles de soldados ordenado por el presidente Gustavo Petro ha logrado frenar la escalada.
El deterioro de la seguridad coincide con un giro abrupto en la política estadounidense hacia Colombia. En lugar de reforzar la coordinación con Bogotá, aliada histórica de Washington, el presidente Donald Trump elevó el tono tras la captura de Maduro, llegando a amenazar con ataques directos contra Colombia. Aunque una reciente llamada entre ambos mandatarios redujo momentáneamente la tensión, el equilibrio sigue siendo frágil en una región ya al límite.
En el terreno, el ELN ha instalado puestos de control ilegales donde revisa teléfonos de civiles en busca de supuestos vínculos con sus enemigos, ha utilizado drones con explosivos y ha atacado incluso hospitales y zonas residenciales. El objetivo no es solo eliminar rivales, sino consolidar el control de economías ilícitas y asegurar el acceso a un botín mayor: las minas de oro y de tierras raras del sur de Venezuela, explotadas históricamente con la complicidad de sectores de las fuerzas de seguridad venezolanas.
La amenaza no se limita al ámbito local. El ELN ha advertido que atacará intereses estadounidenses si percibe que el avance de Washington pone en riesgo al chavismo. Sus filas cuentan con combatientes experimentados en explosivos, terrorismo y sabotaje, capaces de actuar tanto en Colombia como en Venezuela, justo cuando Estados Unidos evalúa restablecer presencia diplomática en Caracas.
El riesgo de una desestabilización mayor es real. Un colapso del poder en Venezuela o un nuevo estallido humanitario podría empujar la violencia hacia el interior de Colombia, que ya acoge a casi tres millones de migrantes venezolanos. Con los sistemas de protección saturados y los permisos temporales prácticamente suspendidos, muchos de esos migrantes se convierten en blancos fáciles para el reclutamiento forzado por grupos armados.
Un ELN fortalecido amenaza con convertirse en un obstáculo serio para cualquier plan estadounidense en Venezuela, especialmente si los intereses económicos se extienden más allá del petróleo hacia los recursos minerales que la guerrilla ya controla parcialmente. En este escenario, la presión militar o las amenazas desde Washington no solo resultan peligrosas, sino potencialmente contraproducentes.
La salida pasa menos por la fuerza y más por la diplomacia, el intercambio de inteligencia y la cooperación judicial. La conversación entre Petro y Trump fue un primer paso, pero la Casa Blanca enfrenta ahora el reto de contener una crisis regional que su intervención en Venezuela ya ha contribuido a detonar.
