La cifra es escandalosa, pero sigue siendo apenas la punta del iceberg. Los 700 millones de dólares en activos incautados por Estados Unidos a la red vinculada a Nicolás Maduro generaron impacto mediático; sin embargo, un informe de Transparencia Venezuela en el exilio revela un panorama mucho más devastador: el saqueo sistemático del patrimonio venezolano asciende a 3.826 millones de dólares en bienes identificados en 20 países. Y la propia organización advierte que esa cifra es conservadora. Con información de BIMC Media.
El inventario –construido hasta mayo de 2024 mediante fuentes judiciales, organismos de control y registros de prensa– detalla mansiones, yates, autos de alta gama, relojes de lujo, caballos de competición y flotas de vehículos, todos adquiridos por funcionarios y empresarios del chavismo-madurismo mientras la población venezolana sufría escasez, hiperinflación y la peor crisis humanitaria de la historia reciente del país.
Estados Unidos lidera la lista de jurisdicciones donde se han congelado o incautado bienes, con 335 activos relacionados con casos penales. No es casual: más de 50 expedientes se han abierto en cortes federales contra exfuncionarios y operadores financieros del régimen. En segundo lugar aparece España, con 235 activos bajo investigación, seguido por Argentina (58), Suiza (34), Panamá (18) y Colombia (11). La ruta global del lavado venezolano revela el uso intensivo de paraísos fiscales, testaferros y estructuras financieras opacas para mover fortunas fuera del país.
Aun así, Transparencia Venezuela advierte que los 3.826 millones de dólares son solo una fracción. Falta contabilizar lo que sigue oculto en jurisdicciones donde las investigaciones apenas comienzan o donde operadores y facilitadores aún no han sido identificados.
Los números de los grandes casos de corrupción confirman la magnitud del saqueo. Solo el esquema Cripto PDVSA (2023), basado en la venta de petróleo sin registros ni control administrativo, ocasionó un desfalco de 16.960 millones de dólares a la empresa estatal, según cifras reconocidas por las propias autoridades. Otros expedientes incluyen el caso “Money Flight” (2014), con 1.200 millones de dólares malversados, y una trama de 4.500 millones revelada en 2019 en cortes estadounidenses.
Los operadores del régimen exhibieron fortunas obscenas. Alejandro Andrade, ex tesorero de Hugo Chávez, confesó ante la justicia de EE.UU. y aceptó entregar siete propiedades, 17 caballos de carreras, 35 relojes de lujo y autos de alta gama por 42,3 millones de dólares. Raúl Gorrín, propietario de Globovisión y prófugo de la justicia, tiene 24 propiedades incautadas en Miami y Nueva York, incluyendo penthouses en un edificio donde residieron celebridades de la MLB y la NBA.
La tipología de bienes incautados confirma el objetivo: mover dinero, no patrimonio. En dólares, el 94,88% de los activos confiscados son dinero en cuentas bancarias, seguido por inmuebles (4,19%) y vehículos de lujo (0,24%). En euros, el 76% corresponde a dinero y bancos.
Frente al riesgo de que el dinero recuperado termine diluido en los presupuestos de los Estados donde está retenido, Transparencia Venezuela y otras organizaciones plantean la creación de un fondo internacional independiente que administre los activos confiscados y los destine a programas sociales y de ayuda humanitaria para los venezolanos.
La urgencia es evidente: la corrupción saqueó miles de millones, mientras la población enfrenta pobreza, migración forzada y colapso de los servicios básicos. La recuperación de activos no es solo un asunto judicial; es una posibilidad real de restitución hacia las víctimas de la crisis: los venezolanos.
