El Gobierno colombiano y representantes del Clan del Golfo alcanzaron en Doha un acuerdo con el acompañamiento de Qatar y Naciones Unidas, que busca abrir una fase inicial de confianza en el marco de los diálogos de paz. Según informó Europa Press, el pacto incluye la creación de equipos de trabajo en materia ambiental y de migración irregular, además de un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios: Mutatá (Antioquia), junto con Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó).
El acuerdo establece que las comunidades participarán de manera voluntaria en programas de erradicación total de cultivos de uso ilícito, con asistencia técnica y alternativas económicas sostenibles. El Ministerio de Justicia tendrá presencia permanente en las zonas piloto, en coordinación con autoridades locales y el poder judicial, adaptando la intervención a las condiciones sociales, históricas y culturales de cada territorio.
Un punto clave del texto es la situación de los niños y adolescentes vinculados al conflicto. El Clan del Golfo se comprometió a realizar un censo interno y, en caso de encontrar menores en sus filas, entregarlos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para garantizar el restablecimiento pleno de sus derechos. La declaración subraya que la infancia debe ser parte central en la construcción de la paz.
El presidente Gustavo Petro agradeció públicamente el respaldo del Gobierno qatarí, al que calificó de “clave” para avanzar en el proceso. Al mismo tiempo, enfatizó que la apertura de este diálogo no implica indulgencia con el Clan del Golfo: “Sé que la derecha dice que es complacencia. Jamás. Aquí se discutirá antes que nada la sustitución de cultivos ilícitos en su área de operaciones”, afirmó. El Ejecutivo anunció además que solicitará al Consejo de Seguridad de la ONU su involucramiento, con el fin de otorgar legitimidad y respaldo internacional a los acuerdos.
Los diálogos se producen tras una reciente escalada de enfrentamientos entre las fuerzas estatales y el Clan del Golfo, que dejaron bajas en Antioquia a mediados de julio. Estos combates fueron atribuidos a una subestructura del grupo, lo que refleja la fragmentación interna de la organización. Paralelamente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) intensificó sus ataques contra las fuerzas de seguridad luego de la ruptura de sus propias negociaciones de paz, sumando un nuevo desafío al objetivo del Gobierno de alcanzar la “paz total”.
El acuerdo en Doha contempla además la instalación de mesas de trabajo sobre medioambiente y migración irregular, dado que los territorios seleccionados enfrentan graves impactos ecológicos y están ubicados en corredores fronterizos hacia Panamá, usados con frecuencia por flujos de migrantes irregulares. La apuesta del Gobierno colombiano apunta a que la internacionalización del proceso, con el respaldo de Qatar y de Naciones Unidas, permita sostener y dar seguimiento efectivo a los compromisos asumidos en el terreno.
