La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento en contra del senador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno. Es la primera vez en la historia que se le impone una medida de este tipo a un exjefe de Estado. Con información de El Espectador.
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El caso tiene que ver con el intento de manipulación del procesado Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que vinculó al expresidente Uribe con la creación del bloque Metro de las Autodefensas que operó en Antioquia.
El expresidente y senador del Centro Democrático aportó su versión el 8 de octubre de 2019, ante el magistrado César Augusto Reyes, en una diligencia que en su momento paralizó las actividades en el Palacio de Justicia y puso en estado de alerta al país político. La decisión de hoy, seguramente también tendrá efectos similares.
Para la Sala de Instrucción en pleno (no participó la magistrada Cristina Lombana, quien fue apartada del caso), fue necesario dictar una orden de captura para garantizar la comparecencia de Uribe al proceso. Luego de legalizar su captura y definir el lugar de reclusión, vendrá un proceso probatorio hasta el cierre de la investigación en el que la Sala de Instrucción decidirá si precluye el caso o llama a juicio al exmandatario.
El origen del caso
En febrero de 2012, en desarrollo de un debate de control político sobre la génesis y desarrollo del paramilitarismo en Antioquia, el senador Iván Cepeda detalló graves hechos relacionados con la hacienda Guacharacas, de propiedad de los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez, ubicada en la región del Nus, entre San Roque y Yolombó en el nordeste antioqueño.
El congresista reveló en su debate que, según testimonios de Juan Guillermo Monsalve, ex trabajador de la finca condenado por paramilitarismo, y de otro paramilitar conocido como Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, excomandante del Bloque Cacique Pipintá de las AUC, la finca había sido sede del Bloque Metro de las autodefensas.
“Los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando el Bloque Metro son el señor expresidente Ávaro Uribe Vélez, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas”, reveló alias Alberto Guerrero al congresista Cepeda en agosto de 2011. En curso del debate de 2012, lo presentó como una prueba de sus denuncias.
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Álvaro Uribe negó los señalamientos, reiteró que desde 1983 había dejado de ir a la hacienda, y para demostrar su desacuerdo con Cepeda, el mismo día del debate acudió a la Corte Suprema de Justicia para denunciar al congresista del Polo Democrático, por la presunta manipulación de las versiones de los exparamilitares, cuyo testimonio divulgó en el Congreso.
En septiembre de 2014, ya Uribe Vélez en condición de senador, Iván Cepeda promovió un nuevo debate en el Congreso sobre paramilitarismo el Antioquia, y volvió a chocar con el expresidente. Uribe radicó en la Corte Suprema un memorial para que se tuvieran en cuenta varias entrevistas realizadas por un investigador privado a los exparamilitares Ramiro de Jesús Henao, alias Simón y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, que señalaron a Cepeda de hacer ofrecimientos a cambio de declarar contra Uribe.
La Corte Suprema de Justicia se tomó seis años para adoptar una decisión, y el 16 de febrero de 2018, archivó la denuncia contra Cepeda y, en contraste, ordenó que el que debía ser investigado por presunta manipulación de testigos y soborno debía ser el expresidente.
Seis días después, en medio del revuelo nacional por la decisión, el alto tribunal recibió información de la defensa de Iván Cepeda sobre supuestas presiones al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para cambiar su testimonio, razón por la cual la Corte Suprema abrió otra investigación a Uribe Vélez y lo llamó a indagatoria, junto con el representante a la Cámara por el departamento del Huila, Álvaro Hernán Prada.
¿Qué investiga la Corte Suprema?
El alto tribunal revisa si hubo intento de manipular las versiones de Juan Guillermo Monsalve a través de terceros. Por un lado, por intermedio del abogado Diego Cadena, quien lo visitó el 22 de febrero de 2018 en prisión para pedirle que firmara un documento para ser usado por la defensa del expresidente. A cambio, el jurista se ofreció a ayudarle con una acción de revisión en su proceso por paramilitarismo.
El abogado Diego Cadena asegura que nada de esto se realizó y que todo fue iniciativa de él mismo, pero la Fiscalía creyó lo contrario, y por esta razón le imputó cargos el pasado 27 de julio. Además aseguró que Monsalve, con sus actuaciones, quiso hacer incurrir en error a la Corte Suprema de Justicia.
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“Por iniciativa mía, mía, mía, le digo: ‘Yo lo que veo viable es un recurso de revisión o revisarle su proceso. No veo más’. Nunca se hizo ningún recurso, nunca estudié su proceso, nunca leí nada. Simplemente se quedó en un comentario. No pasó nada”, aseguró Cadena a la W Radio el pasado 9 de octubre de 2018. A esa reunión en La Picota, que quedó grabada a través de un reloj oculto que tenía Monsalve, también asistió Enrique Pardo Hasche, compañero de prisión de Monsalve, que le pidió que se pasara al “lado de Uribe”.
Cadena tiene un rol clave en la investigación pues según el alto tribunal, ha “contactado en diferentes cárceles -y por fuera de ellas- a exmiembros de grupos paramilitares para que -a cambio de favores jurídicos y al parecer dinero-, elabore escritos y videos a favor del senador Álvaro Uribe y de su hermano Santiago”, este último en juicio por presunta conformación de grupos paramilitares.
Según la Corte Suprema, el abogado Diego Cadena, con conocimiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez, visitó al menos dos veces más a Monsalve para conseguir que firmara una carta en la que se disculpara con el expresidente.
Además, en el proceso, los exparamilitares Carlos Enrique Vélez, alias Víctor; y Eurídice Cortés, alias Diana, han afirmado que el abogado Diego Cadena les ofreció dinero para testificar en favor de los hermanos Uribe Vélez. Las conductas del abogado Cadena le valieron un proceso judicial y la Fiscalía le imputó, junto a su socio Juan José Salazar, los cargos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
