Un superpetrolero dado por muerto hace ocho años reapareció navegando con una nueva identidad para transportar crudo venezolano. La historia del Varada, desguazado en 2017 en un astillero de Bangladesh, es solo una muestra del sofisticado esquema que utiliza el régimen de Nicolás Maduro para evadir sanciones internacionales, apoyado en una red de embarcaciones clandestinas, operadores fantasma y rutas diseñadas para eludir auditorías comerciales. La información fue revelada por Bloomberg y análisis de expertos en geolocalización marítima.
El pasado 25 de abril, radares detectaron al supuesto Varada en aguas de Malasia. Pero en realidad se trataba del M Sophia, un buque de 32 años —más allá del promedio de vida útil— que navegaba bajo bandera de Comoras, país conocido por ofrecer “banderas de conveniencia” que garantizan anonimato jurídico y ventajas fiscales. Esta embarcación ha sido administrada por Sunne Co Limited, sancionada por EE.UU. el 10 de enero por participar en el comercio irregular de petróleo iraní, ruso y venezolano.
Según el Departamento del Tesoro, el M Sophia utilizó prácticas típicas de la flota oscura: transferencias entre barcos en mar abierto (ship-to-ship), apagado del sistema de identificación automática (AIS) y uso de nombres de embarcaciones previamente desguazadas para esconder su verdadera identidad.
Pdvsa, operadores opacos y rutas clandestinas
La estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa) juega un rol central en este esquema, aunque cada vez depende más de intermediarios desconocidos, empresas de maletín y redes financieras opacas. Como explicó una fuente consultada por algunos medios, no existe una “flota fantasma fija”, sino intermediarios que alquilan buques que operan con identidades falsas.
Las zonas marítimas clave para estas operaciones son Caquetíos (cerca de Amuay), el islote Los Monjes y la bahía de Puerto La Cruz, desde donde el petróleo parte con rumbo a India, China y Singapur.
Esta práctica ha provocado pérdidas millonarias para el país. Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, denunció que entre 2021 y 2022 se perdieron 22.000 millones de dólares por cargas de crudo que nunca fueron cobradas. Este desfalco está vinculado al caso “Pdvsa-Cripto”, que desencadenó la caída de altos funcionarios del régimen, entre ellos Tareck el Aissami.
Sanciones fragmentadas y flota fuera de control
El servicio TankerTrackers calcula que al menos 1.223 buques conforman actualmente la flota oscura. De ese total, 576 están sancionados por EE.UU., 263 por el Reino Unido y 330 por la Unión Europea. Sin embargo, solo 47 embarcaciones figuran en las tres listas simultáneamente, lo que evidencia la falta de coordinación internacional para contener esta red de evasión.
En paralelo, buques como el Karina descargaron 1,8 millones de barriles en puertos chinos en abril, camuflando el origen del crudo como si fuera de Brasil, cuando realmente se había cargado en Venezuela. Según El Nacional, esta práctica ha generado al menos 1.200 millones de dólares desde julio de 2024.
Riesgos ambientales y tácticas de engaño
Las consecuencias de esta red van más allá del ámbito económico. Desde 2022, se han documentado al menos 50 incidentes marítimos —incluidos choques, incendios, derrames y averías— relacionados con buques de la flota oscura, de acuerdo con el Atlantic Council. Muchas de estas fallas están vinculadas al uso de embarcaciones envejecidas y mal mantenidas, que además desactivan sus sistemas de localización (AIS) para eludir el monitoreo internacional.
Otra táctica común es el cambio de nombre y número MMSI, como hizo el M Sophia, además del uso de identidades de barcos ya destruidos para evitar auditorías. La empresa Gibson Shipbrokers advirtió que la demanda por buques viejos ha aumentado en los mercados sancionados, donde se pagan precios muy por encima del valor de desguace.
Además, las operaciones de carga en alta mar, fuera del alcance de las autoridades portuarias, han disparado alertas ambientales: en estas transferencias de barco a barco se mezcla el petróleo para camuflar su origen, dificultando su trazabilidad y aumentando los riesgos de contaminación marina.
Una economía paralela que sostiene al régimen
La llamada flota oscura se ha convertido en una herramienta indispensable para regímenes sancionados como los de Venezuela, Irán y Rusia. Mientras empresas como Chevron, Repsol o ENI operan bajo licencias especiales del Departamento del Tesoro, los intermediarios ilegales continúan comerciando crudo sancionado bajo total opacidad.
Gracias a este sistema de evasión, el régimen de Maduro sigue generando ingresos petroleros en el mercado internacional, aunque con fuertes descuentos. Sin transparencia, sin reglas y sin consecuencias inmediatas, la industria petrolera venezolana ha quedado reducida a un negocio clandestino sostenido por buques fantasma, operadores anónimos y una flota que se multiplica a la sombra de las sanciones.
