Al inicio del gobierno de Nicolás Maduro, Raúl Gorrín y el nuevo equipo al frente de Pdvsa, utilizaron el mismo esquema opaco que originó el contrato de préstamo de bolívares pagaderos en dólares suscrito con la Administradora Atlantic 17107 CA durante la administración de Hugo Chávez, denunciado como “ilegal” este martes por el ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, ante la Fiscalía del régimen de Maduro.
Según El Aissami, Rafael Ramírez y sus asociados habrían “desfalcado” más de cuatro mil millones de dólares de las arcas de la petrolera a través de operaciones cambiarias irregulares que generaron grotescas ganancias a sus autores. La cifra sería aproximada ya que el contrato original tuvo varias ampliaciones posteriores.
Al día siguiente de la denuncia del ministro de Petróleo, Tarek William Saab anunció la detención de Víctor Aular, ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, dentro de lo que calificó como el inicio de una investigación en la que estarían involucrados el expresidente de la petrolera Rafael Ramírez, los operadores financieros Luis e Ignacio Oberto Anselmi, el dueño de Derwick Associates Alejandro Betancourt, Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía y Abraham Ortega Morales, ex encargado de Finanzas y Operaciones Internacionales de Pdvsa, entre otros.
El contrato con la Administradora Atlantic 17107, develado a la opinión pública por Cuentas Claras Digital en mayo de 2016, fue el primero de su tipo en Pdvsa, mas no el último.
Misma trama, diferentes operadores
El 3 de septiembre de 2014, Maduro destituye a Ramírez, cambia a la directiva pero mantiene como responsable formal de las finanzas de Pdvsa a Víctor Aular hasta el 30 de diciembre de ese mismo año cuando lo sustituye por su sobrino político Carlos Erik Malpica Flores, quien en su carácter de Tesorero de la nación tenía ya una gran influencia en la petrolera, así como una estrecha relación con Raúl Gorrín y Alejandro Betancourt.
El 15 de diciembre de 2014, Aular recibe la instrucción del Comité Ejecutivo de Pdvsa de firmar un contrato con una empresa de Raúl Gorrín. Dos días después, el 17 de diciembre, Aular suscribe en nombre de PDVSA un contrato similar al de Atlantic – de préstamo de bolívares pagaderos en dólares o euros – con Rantor Capital CA. por un monto de 7.200 millones de bolívares.
Es durante la gestión de Malpica Flores al frente de la vicepresidencia de Finanzas cuando el contrato entre Pdvsa y Rantor se ejecuta sin ninguna objeción u observación por parte del nuevo titular, que favorece a Gorrín, en detrimento de los hermanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi, como operador de los opacos negocios de Pdvsa con el diferencial cambiario.
Rantor Capital CA es una empresa de maletín registrada en el estado Anzoátegui, cuyo propietario real es Raúl Gorrín, tal como se desprende de una investigación adelantada por este medio en 2018, la cual determinó que Rantor fue inscrita en el Registro Mercantil 2do de Anzoátegui cuando el registrador era Javier E. Franceschi Dávila, ahora director de Globovisión, al igual que hizo con una decena de compañías de papel registrabas a nombre de un familiar, Nelson Enrique Meneses Franceschi y de Elizabeth de Goveia, asistente personal de Raúl Gorrín.
Dos semanas después de haberse firmado dicho contrato, siguiendo el modelo de Atlantic que cedió la deuda a Violet Advisors SA y a Welka Holdings Limited, compañías de Luis Alfonso Oberto, Rantor cede sus derechos como acreedor de PDVSA a otra empresa fachada llamada Eaton Global Services Ltd, registrada en Hong Kong, cuyo único propietario es Raúl Gorrín Belisario, según se observa en el documento registral obtenido por Cuentas Claras Digital.
En la notificación posterior realizada al Vicepresidente de finanzas de PDVSA, se le indica, de manera insólita, que por cuanto Eaton era una empresa constituida en Hong Kong y no posee cuenta en moneda de curso legal en Venezuela, los pagos del préstamo podrían ser recibidos en dólares o en cualquier otra moneda convertible.
En consecuencia, PDVSA realizó pagos en las cuentas indicadas por la referida empresa durante distintas fechas desde el 29 de Diciembre 2014 hasta el 2 de febrero de 2015 por un monto total de 511 millones 913 mil 270 con 74 céntimos de euro, cifra equivalente a 600 millones de dólares americanos, correspondiente a los 7.200 millones de bolívares del préstamo otorgado a PDVSA, cantidad calculada a la tasa de cambio oficial que para la fecha era de 6,30 bolívares por dólar.
La relación del contrato Pdvsa-Rantor con la operación Money Flight
El contrato de préstamo bolívares pagaderos en dólares entre Pdvsa y Rantor, dio origen cuatro años más tarde a la operación Money Flight o Fuga de dinero, también llamada el caso de los 1.200 millones de dólares, trama de corrupción en Pdvsa develada por las autoridades de EEUU que señala a Francisco Convit Guruceaga (socio de Alejandro Betancourt en Derwick Associates), José Vicente Amparan Croquer, Carmelo Urdaneta Aquí, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri y Matthias Krull, entre otros, algunos de los cuales ya se encuentran detenidos, como es el caso de los operadores financieros Krull y Hernández Frieri y de los ex funcionarios Ortega y Urdaneta, ex consultor jurídico del Ministerio de Petróleo. Este último fue acusado de haber recibido transferencias en dólares por concepto de sobornos a través del operador financiero Pedro Binaggia quien había grabado varias reuniones donde se evidenciaba la conspiración para violar la ley contra la corrupción de EEUU.
La actuación de la justicia norteamericana se explica porque parte de los dólares obtenidos a través del contrato entre Pdvsa y Rantor fueron utilizados para el pago de sobornos a funcionarios de la petrolera y a familiares de Nicolás Maduro (sus hijastros), a través de cuentas en EEUU o por medio de dólares estadounidenses, tal como denunció el operador financiero Pedro Binaggia a las autoridades, a quienes manifestó haber recibido instrucciones del propio Raúl Gorrín para concretar el pago de las coimas. De esta manera, Binaggia fue incorporado a la investigación como “fuente confidencial”.
En la acusación figurarían otros nombres que aún no han sido revelados formalmente en el expediente, entre ellos el de Raúl Gorrín. Se sospecha que dirigió parte de los 600 millones de dólares de la operación entre Pdvsa y Rantor a cuentas de los tres hijastros de Maduro, Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores, identificados en las grabaciones como “los chamos”, representados en algunas reuniones por Mario Bonilla, según los registros judiciales y múltiples fuentes familiarizadas con la investigación federal en Miami y en España por lo que los hijastros de Maduro y el propio autócrata también están bajo investigación en este caso.
Caso préstamo Pdvsa – Rantor: Causa sobreseída
En vista del destape de la Operación Money Flight, y del curso que toman los acontecimientos, Raúl Gorrín trata de blindarse de una mas que probable acusación y decide recurrir a su conocimiento y poder sobre el sistema judicial venezolano, así como a sus contactos con fiscales y jueces, siendo el principal, Maikel Moreno, que para el momento era presidente del Tribunal Supremo.
Es así como el 16 de septiembre de 2020, el Juzgado 11 en lo penal de Caracas sobreseyó la causa abierta contra Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Víctor Aular a raíz de la “oportuna” denuncia formulada por Oscar Ronderis Rangel, diputado suplente por Nueva Esparta, por las irregularidades cometidas en el préstamo entre PDVSA y Rantor en 2014. El parlamentario, basado en la denuncia formulada por este medio, solicitó averiguar el posible daño causado al patrimonio de la petrolera a raíz del contrato en cuestión.
En una actuación poco usual, es el propio fiscal del caso, Farik Karin Mora Salcedo, ampliamente conocido por sus controversiales e irregulares actuaciones a favor de los intereses del régimen, quien pide a la jueza Luisa Romero el sobreseimiento del caso a favor de Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Víctor Aular, hoy sorprendentemente detenido por una causa idéntica como los es el contrato entre Pdvsa y Atlantic. El mismo Ministerio Público que solicitó el sobreseimiento que el tribunal acordó, es ahora el que acusa y detiene al propio Víctor Aular.
El tribunal ordenó “el cese de cualquier medida de carácter personal o real que pese sobre los referidos ciudadanos (Gorrín, Perdomo y Aular) respecto a los hechos sobre los cuales recae la presente decisión”. La decisión del juzgado, apoyada en una supuesta experticia pericial contable realizada por la División de Experticias Financieras del CICPC y en la opinión de la consultoría jurídica de la propia petrolera, sostiene que la operación “no evidenció lesión al patrimonio de PDVSA”. Igualmente, el dictamen del tribunal exoneró a Carmelo Urdaneta, consultor jurídico del ministerio de Petróleo, hoy convicto y confeso en EEUU donde ha reconocido haber recibido sobornos relacionados con contrato PDVSA-Rantor.
La juez Luisa Romero establece que Gorrín y Perdomo no intervinieron en la negociación y tampoco ostentan participaciones en la empresa Rantor Capital CA. En efecto, como se desprende de la investigación realizada por Cuentas Claras Digital en 2017, Gorrín no figura en los registros de la empresa Rantor Capital CA pero todos los indicios hallados señalan a Gorrín como beneficiario final. Ello queda confirmado en la segunda fase de la operación cuando Rantor Capital cede el contrato con Pdvsa a Eaton Global Services Limited, empresa registrada en Hong Kong que finalmente recibió la totalidad de los dólares de Pdvsa y en la cual Raúl Gorrín posee el 100% de las acciones.
La decisión judicial, los protagonistas y hasta el momento en el que se produce evidencian que el sobreseimiento no es sino una farsa judicial mas para conceder impunidad a los acusados, en especial a Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo quienes son prófugos de la justicia de EEUU donde se les juzga en tres causas diferentes, como también en España y Suiza donde tienen averiguaciones abiertas.
El sobreseimiento impide que en Venezuela se vuelva juzgar a los acusados por el mismo caso lo cual les concede impunidad en el país pero también puede ser relevante en los procedimientos judiciales abiertos en otras jurisdicciones.
A continuación el texto completo del sobreseimiento:
El mejor negocio del mundo
Durante los años que estuvo en vigencia el control cambiario en Venezuela, no existió mejor negocio que comprar dólares baratos a la denominada tasa preferencial y luego venderlos caros en el mercado negro. Es lo que se denomina ganancia por diferencial cambiario.
El 17 de diciembre de 2014, fecha del contrato entre Pdvsa y Rantor Capital CA, la tasa oficial era de 6,30 bolívares por dólar por lo que los 7.200 millones de bolívares equivalían a 1.143 millones de dólares. Sin embargo, en el mercado paralelo, la tasa era de 182,23 bolívares por dólar por lo que Rantor solo tenía que cambiar menos de 40 millones de dólares en el mercado negro para obtener así los 7.200 millones de bolívares que debía prestar a PDVSA. La diferencia restante, unos 560 millones de dólares, constituía la ganancia por el diferencial cambiario que se repartieron entre Raúl Gorrín, familiares de Nicolás Maduro, altos funcionarios de la petrolera y del ministerio de Petróleo, asesores, banqueros y operadores financieros, entre otros. Sin duda, una ganancia obscena.
Las ganancias por el diferencial cambiario asociadas a diferentes tramas como las notas estructuradas, el pago de deuda externa, la emisión de bonos, los cupos de CADIVI, CENCOEX, SIMADI, las permutas y el pago a proveedores, entre otras, surgieron en el mismo momento en el que Hugo Chávez estableció el control de cambio. Esto creó una casta cleptocrática (Estado delincuente) resultado del maridaje de funcionarios públicos con particulares, que tenía como objetivo acceder a los enormes negocios con el diferencial cambiario (el gran saqueo), la extracción de dinero público mas salvaje que haya sufrido país alguno.
Pdvsa, que había sido una de las empresas mas importantes del mundo, no escapó a la codicia desmedida de propios y extraños por obtener dólares baratos. Alejandro Betancourt, dueño de la polémica empresa Derwick Associates, identificada con la corrupción en el sector eléctrico, causa de los apagones que sufren los venezolanos, no solo vendió equipos eléctricos de dudosa calidad con sobreprecio al Estado venezolano sino que además realizó sus mas rentables operaciones en Pdvsa, apoyado por Rafael Ramírez, precisamente a través de la figura de los contratos de préstamo de bolívares pagaderos en dólares.
Para ello, Betancourt y la red de corrupción instalada en la petrolera utilizaron empresas de maletín sin experiencia en el tema como las nombradas Atlantic, de Juan Wallis Brandt; y Violet y Welka de Luis Ignacio Oberto, durante el gobierno de Chávez, y luego como Rantor y Eaton de Raúl Gorrín, en tiempos de Maduro.
La legalidad de los contratos
Luego de la acusación de El Aissami y Saab, Rafael Ramírez defiende la legalidad del contrato de préstamo de bolívares pagaderos en dólares suscrito con Atlantic. Según Ramírez, el objetivo del contrato entre PDVSA y Atlantic, por ejemplo, era conseguir bolívares para pagar a los proveedores nacionales a una tasa mas favorable que la ofrecida por el Banco Central de Venezuela, razón por la cual la petrolera realizaba operaciones de préstamo con instituciones privadas. Una interpretación del Convenio Cambiario No. 9 entre Pdvsa y el BCV, establece que la petrolera puede disponer de parte de sus ingresos en divisas para cubrir sus gastos operativos.
Otra de las razones que motivaron la creación de este mecanismo en pleno año electoral con un candidato Hugo Chávez enfermo, fue el financiamiento de la campaña oficialista. Según declaraciones de Rafael Rieter, ex jefe de seguridad de Pdvsa hoy investigado en España, se destinó parte de los recursos de esta operación para el abusivo financiamiento de la campaña del PSUV con motivo de la elección presidencial de octubre de 2012.
Sobran razones para la sospecha en torno a la legalidad de estas operaciones confidenciales de Pdvsa, tanto las concretadas durante la gestión de Chávez-Ramírez, como las posteriores de Raúl Gorrín bajo la administración de Maduro.
Veamos:
- La falta de transparencia con la que fueron escogidas las empresas privadas, compañías sin reconocimiento ni trayectoria en el tema. ¿Por qué Pdvsa no realizó subastas públicas?
- Se desconoce el papel que desempeñó el BCV, si alguno, en el monitoreo de estas transacciones.
- Si dichas operaciones eran legales, tal como sostienen Rafael Ramírez y Raúl Gorrín, por qué se recurrió al soborno de funcionarios, algunos de los cuales ya se han declarado culpables y están procesados en otras jurisdicciones, como es el caso de Carmelo Urdaneta?
- ¿Por qué, existiendo en el momento una extensa red de bancos públicos y privados, se prefirió recurrir de manera secreta a dos instituciones financieras privadas permitiéndoles la preventa de los dólares de Pdvsa para obtener los bolívares que iban a ser prestados?
Las contradicciones
En 2020, el Ministerio Público pidió el sobreseimiento de la causa contra Víctor Aular y su protección por el caso del contrato firmado entre Pdvsa y Raúl Gorrín a través de las empresas Rantor y Eaton. Hoy, en un caso idéntico, el mismo Ministerio Público acusa y detiene a Aular quien aparece representado a Pdvsa en ambos contratos.
Un informe de KPMG sirvió al Ministerio Público para exonerar a Gorrín, Perdomo y el propio Aular en 2020, tal como se puede leer en el documento del sobreseimiento publicado como primicia en esta nota. Hoy, la consultora internacional es descalificada por Tarek William Saab.
Un informe interno de Pdvsa recomendó en 2019 denunciar ante la Fiscalía General el contrato con Atlantic. Dicha información fue publicada el 12 de diciembre de 2019 en la página oficial del Ministerio de Comunicación e Información. Sin embargo, recién esta semana el ministro de Petróleo acudió a la Fiscalía para interponer la denuncia ante Tarek William Saab quien declaró que la investigación apenas estaba comenzando.
Finalmente, si el opaco contrato de Pdvsa con Atlantic es ilegal, como afirma ahora el régimen, cómo queda el de la petrolera con la empresa Rantor de Raúl Gorrín, de idénticas características, en el que están involucrados los propios hijastros de Maduro?
Como hemos venido diciendo, el sistema judicial venezolano controlado por el autócrata, no actúa sino cuando conviene a los intereses políticos de Nicolás Maduro, aunque en este caso pareciera que se ha disparado en el pie.
