Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Ted Cruz presentaron la Ley de Preservación de la Responsabilidad por los Activos Nacionales del 2021 (Ley PANA), que permitirá usa los activos incautados a personas vinculadas al “chavismo” en Venezuela y que han sido condenadas por delitos de corrupción en Estados Unidos, reporta Diario Las Américas.
Esos fondos serían colocados en un “Fondo de Restauración de Venezuela” para ser utilizados por el Departamento de Estado para fortalecer la democracia y la sociedad civil venezolana.
“Me enorgullece unirme a este esfuerzo que utilizaría activos recuperados de los regímenes de Maduro y Chávez”, dijo Rubio, y agregó que “Venezuela tiene un largo camino para su recuperación y estos fondos pueden ayudar a la administración interina y a la Asamblea Nacional electa democráticamente en su trabajo hacia el objetivo común de reconstruir la democracia y un futuro próspero en Venezuela”.
Por su parte, Cruz manifestó que “individuos corruptos conectados con los regímenes de Chávez y Maduro robaron cientos de miles de millones de dólares del pueblo de Venezuela, dejando al país empobrecido”. Por tanto, consideró que “el pueblo de Venezuela merece recuperar ese dinero”
Carlos Tablante: Prudencia y transparencia en la recuperación de lo robado a Venezuela
Estados Unidos ha identificado a funcionarios corruptos del régimen venezolano que fueron cómplices del robo de cientos de miles de millones de dólares estadounidenses robados. En respuesta, el Departamento de Justicia ha recuperado activos poco a poco procesando a estas personas.
Para abril de 2020, las autoridades federales de Florida habían incautado $450 millones en activos en casos de corrupción en Venezuela, incluidos dinero en efectivo, propiedades e incluso caballos.
En 2020, había un estimado de $1.5 mil millones en activos dentro de la jurisdicción de EEUU. Para febrero de 2021, había 38 casos pendientes que involucraban a 164 personas.
La Ley PANA usaría los fondos incautados en esos casos para: fortalecer la gobernabilidad y las instituciones democráticas, defender los derechos humanos reconocidos internacionalmente para el pueblo de Venezuela, apoyar los esfuerzos de los medios de comunicación independientes, combatir la corrupción y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones que han sido parte de los regímenes de Chávez o Maduro.
El Departamento de Justicia ha presentado más de 20 acusaciones por delitos de corrupción contra venezolanos funcionarios del régimen, empleados de la estatal petrolera PDVSA y contratistas, según un reporte del Inter-American Dialogue.
La mayoría de los casos se han presentado en los tribunales federales del distrito Sur de Texas, donde está la sede de PDVSA en Estados Unidos, y en el distrito sur de la Florida, donde muchos acusados tienen bienes raíces y otros bienes inmuebles, así como cuentas bancarias, de acuerdo con el informe.
