La red opaca que intercambió petróleo de Venezuela operó con la ayuda del gobierno mexicano

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Foto Cortesía - Rodrigo Meade (El Heraldo de México/Archivo)

Los documentos filtrados sobre Libre Abordo y el resto de la red opaca que Joaquín Leal manejaba desde México, con tentáculos en 30 países, para comercializar crudo de PDVSA y otras materias primas que el régimen de Caracas necesitaba colocar en mercados internacionales al margen de las sanciones, muestran que el empresario aseguraba contar con el visto bueno del gobierno mexicano y suministros de Segalmex, un ente oficial. Más allá de esos indicios, hay evidencias de que Leal tenía acceso privilegiado al vicecanciller para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes. Así lo reseña la II parte del reportaje de Javier Lafuente, Elías Camhaji, Zorayda Gallegos, Georgina Zeregas, Roberto Deniz y Ewald Scharfenberg para El País y Armando.info.

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Un grupo de empresarios mexicanos comenzó hace dos años a formar una red opaca de negocios cuya fachada inicial era la de un intercambio humanitario con el Gobierno de Venezuela de alimentos y camiones cisterna por el petróleo que a Caracas se le dificultaba vender a consecuencia de las sanciones internacionales. Pero enseguida el esquema incluiría la comercialización de otros commodities como carbón o aluminio, ya sin el pretexto del intercambio.

Mientras la red se desarrollaba y cobraba escala hasta manejar millones de barriles de crudo y miles de toneladas de otras mercancías, persistía también el misterio de cuánto de ello era del conocimiento del gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación hace un año sobre algunos de los implicados, sin que haya tenido mayores avances en la justicia mexicana. Amén de insuficiente, la acción del ente fue tardía, justo cuando Washington se dispuso a adoptar sanciones financieras contra Joaquín Leal y otros protagonistas del negocio.

Ahora una investigación de EL PAÍS y Armando.info, adelantada a partir de miles de documentos internos de la red, ha obtenido evidencias de que al menos una instancia del gobierno mexicano podría haber actuado como aliado de la red, según los documentos de la empresa Libre Abordo, en los que esta se presentaba como designada por el gobierno de México para hacer este tipo de operaciones y como cliente de Segalmex, el organismo de seguridad alimentaria del Estado mexicano.

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Además, documentos en poder de ambos medios y entrevistas con diversas fuentes confirman una relación entre el joven empresario Joaquín Leal, en el vértice de la trama, y el subsecretario de Exteriores para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga. El número dos de la Cancillería defiende que en su responsabilidad es fundamental apoyar a “toda empresa mexicana, se llame como se llame, sin consultar su posición política ni partidaria”. “Partimos de que los empresarios que se acercan a nosotros lo hacen de buena fe y desean tener mejores vínculos económicos en la región”, agrega Reyes en respuesta para este reportaje.

“Libre Abordo fue nombrada por el gobierno mexicano para entrar en el programa humanitario de intercambios de petróleo por comida con Venezuela con el propósito de ejecutar la venta de una variedad de productos alimenticios para ser comercializados entre ambos países”, asegura la empresa en una presentación corporativa elaborada en enero de 2020, que forma parte de los documentos en poder de ambos medios. En la presentación, la empresa, creada ad hoc por Joaquín Leal para los negocios con Venezuela, explica que el acuerdo se fraguó en una serie de conversaciones bilaterales entre las autoridades de Caracas y Ciudad de México.

Todos a bordo

La misma presentación apunta que Libre Abordo llegó a un acuerdo con Segalmex, la agencia gubernamental para la producción y distribución de comida. “Segalmex recibe instrucciones del gobierno federal de México para proseguir con la ayuda humanitaria, con la intención de beneficiar a los pueblos de México y Venezuela”, se lee en el documento. Según la versión de Libre Abordo, la administración de Andrés Manuel López Obrador instruyó a Segalmex para venderle 210,000 toneladas de maíz con destino a Venezuela. La cantidad coincide con la operación que, en junio de 2019, Libre Abordo realizó con la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex): se firmaron dos contratos para suministrar esas toneladas de maíz y 1,000 camiones cisterna de agua potable a cambio de de dos millones de barriles de petróleo, una operación valorada en 200 millones de euros.

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A esa mención se suma otro documento del legajo electrónico obtenido para esta investigación periodística. En la búsqueda de clientes que estuviesen dispuestos a refinar el petróleo de PDVSA que se había intercambiado por alimentos, Libre Abordo contactó a principios de 2020 con la refinería india Reliance. A propósito del proceso de debida diligencia iniciado por la empresa asiática para certificar a su posible nuevo proveedor, Libre Abordo entregó una carta fechada el 16 de diciembre de 2019 con el membrete de Segalmex, el organismo que debía venderle el maíz con destino a Venezuela. “Podemos confirmar que hemos recibido instrucciones del gobierno mexicano para proseguir con este trato”, se lee en la misiva que lleva la firma supuesta del entonces jefe de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira. “El maíz se repartirá en tres entregas programadas para la tercera semana de enero de 2020, la tercera semana de febrero y la tercera de marzo”. Fuentes próximas al exfuncionario, quien dejó el cargo en junio del año pasado envuelto en acusaciones de corrupción, aseguran que la firma en la carta no es la de Gavira y afirman que se trata de una simulación forjada por Leal y sus colaboradores.

Libre Abordo también presentó un comprobante de una transferencia bancaria del 11 de diciembre de 2019 a Segalmex por 330.6 millones de pesos (15 millones de dólares) como adelanto para la entrega de las 210,000 toneladas de maíz de la operación inicial. La empresa que hizo el pago fue Consorcio Panamericano SA de CV, una compañía mexicana en la que la abuela de Leal es socia junto a presuntos testaferros que participaron en otras entidades del empresario. Libre Abordo aseguró en los correos enviados a Reliance que Consorcio Panamericano le hizo un “préstamo” para completar la transacción. Consultada para este reportaje, Segalmex ha respondido que “no va a hacer comentarios” sobre la supuesta operación.

La operación que incluía el maíz y unos camiones cisterna a cambio de crudo venezolano prometía aliviar las tribulaciones del régimen de Caracas. Presionado por las sanciones impuestas por Estados Unidos a algunos de sus jerarcas y a organismos como la petrolera estatal PDVSA y el Banco Central, el gobierno de Maduro encontraba cada vez más dificultades para colocar su menguante producción de crudo en mercados internacionales y obtener divisas. Un canje humanitario parecía brindar una fachada a la transacción lo bastante convincente para pasar el escrutinio de Washington.

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Esos dos millones de barriles iniciales de junio de 2019 se acabaron convirtiendo en un volumen de al menos 30 millones de barriles de crudo en embarques que zarparon entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. De acuerdo con correos en poder de EL PAÍS y Armando.info, Libre Abordo justificó el salto de dos a 30 millones de barriles por la caída internacional del precio del crudo, con lo que la equivalencia de los bienes canjeados había cambiado, en detrimento de la parte venezolana. La empresa mexicana se asesoró con despachos para completar las operaciones por medio de trueques bajo la patente de la “ayuda humanitaria”.

A pesar de las maniobras, al final el Departamento del Tesoro sancionó a Libre Abordo y a Joaquín Leal por hacer negocios con Venezuela, una medida que anunció hace un año, en junio de 2020. Entonces, la UIF mexicana inició una investigación para seguir el rastro de los 200 millones de euros. La investigación no tuvo apenas avances hasta que el reciente 18 de mayo la UIF envió una denuncia a la Fiscalía en la que pedía el aseguramiento de un centenar de cuentas de Leal y Libre Abordo, según pudo comprobar esta investigación. De los supuestos acuerdos con Segalmex, sin embargo, no hubo entonces ni hay todavía algún pronunciamiento oficial.

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