La marihuana para uso recreativo está a un paso de la legalización en México. La Cámara de Diputados ha aprobado en lo general la ley que regula el cannabis, pero ha hecho modificaciones al dictamen que había sido avalado en noviembre pasado por el Senado, por lo que tendrá que pasar otra vez por los senadores antes de entrar en vigor. Se trata de uno de los últimos pasos de un proceso legislativo que se ha alargado más de dos años y que ha estado marcado por los cuestionamientos por favorecer la entrada de grandes capitales al que será el mayor mercado de marihuana legal del mundo por encima de los derechos de los consumidores y los pequeños productores. Con información de Elías Camhaji / El País.
La ley ha sido aprobada por 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones. En poco más de cinco años ha habido alrededor de 70 iniciativas diferentes para la legalización de la marihuana en el país. El último documento es un reflejo de ese enorme mosaico político: un collage de casi una veintena de propuestas, que sufrió nuevas modificaciones a su paso por la Cámara Baja. La ley establece en el papel que cualquier adulto que desee fumar podrá hacerlo, aunque con varias restricciones. Una de las principales diferencias entre lo que aprobó el Senado y lo que avaló la Cámara de Diputados, que también tuvo el visto bueno de la Secretaría de Gobernación, es que ya no se creará un instituto regulador para el cannabis, sino que sus funciones serán asumidas por la Comisión Nacional contra las Adicciones, que depende de la Secretaría de Salud y no tiene experiencia en labores de regulación.
La Comisión supervisará el proceso de producción, desde la siembra hasta la cosecha, y dará los permisos para crear asociaciones o clubes de consumo. Las asociaciones tendrán entre dos y 20 miembros mayores de 18 años, con un máximo de cuatro plantas por socio y menos de 50 plantas de marihuana por grupo. El Estado promoverá campañas para inhibir el consumo en menores de 25 años. Las empresas que comercialicen la marihuana para consumo lúdico deberán atenerse a un etiquetado estricto con la leyenda “solo para venta en México”, tener empaques sellados a prueba de niños y poner advertencias sobre los efectos nocivos a la salud, similares a las de las cajetillas de tabaco.
Industria incipiente de la marihuana supone un dilema para el compliance
El nuevo dictamen quita los pocos candados que había para la integración vertical: que una sola empresa participe en varias etapas del proceso de producción, distribución y comercialización. La medida es celebrada por empresas extranjeras que buscan un pedazo del negocio en el país, pero ha sido criticada por organizaciones civiles, aunque se prevé que se dé atención prioritaria a las comunidades que han sido afectadas por las políticas prohibicionistas, la pobreza y la violencia. Las licencias de producción y los permisos de consumo tendrán una vigencia de entre uno y cinco años, no se ha definido cuánto costarán. ”Se busca convertir el uso de sustancias en un negocio y no en un derecho”, ha acusado la diputada independiente, Lucía Riojas. El bloque de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sus aliados ha defendido que se trata de un hecho “histórico” al dejar atrás “el modelo prohibicionista”.
La posesión personal de hasta 28 gramos de marihuana será legal. Uno de los puntos más polémicos es que se siguen contemplando multas de hasta 10.000 pesos (500 dólares) para quienes tengan entre 28 y 200 gramos. “El dictamen aprobado, aunque legaliza la producción y el comercio de la marihuana, no legaliza su portación y su consumo, se limita a una tolerancia que no elimina la posibilidad de ser detenido, tener sanciones penales o multas”, comenta Lisa Sánchez, directora de la organización México Unido Contra la Delincuencia, que teme que los puntos flacos de la ley den pie a extorsiones y criminalización de los usuarios. “Se perdió una oportunidad dorada para que las autoridades dejen de distraerse con la persecución de delitos de drogas y concentrarse en delitos que sí dejan víctimas, como los homicidios”, agrega Sánchez. En un artículo transitorio se prevé que las personas que purguen penas por delitos relacionados con el tráfico de cannabis puedan salir libres.
