Tomas Páez: El proceso de descomposición de un Estado Putrefacto

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Tomas Páez

Cubre con planchas de oro el crimen, y la terrible lanza de la justicia se romperá impotente, ante él…William Shakespeare – “El Rey Lear”.

La Constitución venezolana, el amasijo de leyes y controles consustanciales al modelo “socialista del siglo XXI”, dota al Estado de atribuciones y herramientas para expropiar, perseguir, confiscar, invadir y eliminar la propiedad privada y el sistema de mercado. Lo hace porque lo considera representante del “bien común” (¿queriendo decir?), el interés general (¿de acuerdo a quién?) y en aras del bienestar de toda la sociedad (según quién?) En realidad, se han ocupado de su propio bienestar, en palabras de Víctor Hugo, la sociedad le “habla a un rostro (el Estado) y quien te escucha es una máscara (El Estado).”

En su ilimitada arrogancia, decía Hayek, se ofuscan con solo pensar en que algo relacionado con el bien común pueda dejarse en manos de la empresa y el mercado. Planteamientos realmente ajados e inútiles.

Como hechos son amores y no buenas razones, recurrimos a los datos, los cuales refutan sin atenuantes esa creencia, solo sostenible mediante un acto de fe. Los venezolanos, cada vez más empobrecidos, devengan un salario mínimo de menos de 4 dólares al mes en medio de una economía dolarizada y de una severa escasez de medicinas, alimentos y servicios básicos como agua, electricidad e internet. Lo del bien común es un pretexto en cuyo nombre se esclaviza a los seres humanos y, como bajo todo socialismo real, se amputa la vida. Viene a mi memoria otro dato, un par de botas de pésima calidad en la URSS valía 5 sueldos.

<<Los venezolanos, cada vez más empobrecidos, devengan un salario mínimo de menos de 4 dólares al mes…>>

El horror de la situación venezolana lo sintetiza el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Su contenido testimonial rebate las declaraciones de los voceros del régimen y nos hace recordar las palabras de Orwell, quien decía, “el lenguaje político, totalitario, agregamos nosotros, está diseñado para hacer que las mentiras suenen confiables y el asesinato respetable”.
El punto II del informe está referido a los derechos económicos y sociales. Contiene abundantes pruebas de la magnitud del horror. Ante este demoledor informe el régimen ha reaccionado ofuscado, alterado y como de costumbre señalando a otros como los “culpables”. Como acostumbran los inculpados son: las empresas, el mercado la especulación y al “desmedido egoísmo” de los empresarios. Pese a los desesperados esfuerzos del régimen, el informe deja poco espacio para la duda: el responsable del hurto, el pillaje, la represión y la muerte es la política de Estado del actual régimen.

Valiéndose de las atribuciones se ensaña contra la empresa privada y utilizan a las empresas e instituciones del Estado para ejecutar el más perverso de los saqueos: robar a 30 millones de venezolanos. Su proverbial enemistad con la propiedad privada y el mercado la podemos rastrear en la afirmación de Marx, en los manuscritos: “la supresión de la propiedad privada es emancipación plena de todos los sentidos y cualidades humanas”. Su inquina a la empresa la comparten compinches y franquiciados del régimen venezolano en el mudo, llegando al resentido extremo de considerar traición a la patria la participación de la actividad privada en la prestación de servicios salud. Tampoco admiten donaciones de empresas a la salud.

Para la empresa privada la ganancia es una medida del éxito, pues sin ella el negocio perece y es la retribución al empresario por el riesgo asumido al invertir sus recursos. Se diferencian de quienes se lucran robando la propiedad de otros y, en el caso de Venezuela, la lista del despojo es muy grande. El poder y la soberbia de unos pocos se sobrepuso a los miles de emprendedores. Del prontuario no escapan las bolsas de racionamiento ni los secuaces internacionales del régimen.

Como se puede ver, carece de sentido hablar de un Estado “bueno” y un empresario “egoísta”. El creciente número de casos de “rojos rojitos” juzgados, enjuiciados, confesos y presos, dinamita en sus cimientos esta creencia. Robaron sin escrúpulos todo aquello a su alcance y muchos, desde el mismo Estado, participan en el negocio de la droga. Dejan un país en el subsuelo, con la mayor tragedia humana conocida en la región y completamente endeudado.

Pese a todas las evidencias, todavía algunos presumen de la capacidad del Estado para imponer su mano visible (e invisible cuando de dejar rastros se trata) y su “inteligencia” para diferenciar y establecer lo estratégico de aquello que no lo es. Como seres humanos, aunque cabría preguntarse con Primo Levi si son humanos, pueden equivocarse y de allí la necesidad de ejercer un mayor control social y exigir que rindan cuentas. Al fin y al cabo, administran recursos que son propiedad de los ciudadanos. Hay que entender que quienes ejercen la función pública no están mejor preparados que el resto de la sociedad, incluyendo a quienes arriesgan sus recursos propios para impulsar un proyecto.

En Venezuela, una porción nada pequeña de quienes han dirigido el Estado en estas dos últimas décadas, muestra lo bien que les funciona el bolsillo y lo poco que le importa el país. Mientras el mundo avanza hacia la internet 5G, nuestro país transita al pasado con gran celeridad: con velas y señales de humo, dejando internet en un profundo letargo. En lugar de recuperar el medio ambiente, lo destruyen (arco minero o el río Guaire de la Sra. Farías). Este régimen reedita el debate de la novela Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos: barbarie versus modernidad.

El Estado es una herramienta costosa cuyas acciones estamos en el derecho y la obligación de controlar pues, tanto si se detraen para fines personales como si se utilizan e invierten de manera inadecuada, estos errores afectan a toda la sociedad. Estamos en el derecho de demandarles a quienes ejercen funciones públicas mayor eficacia, productividad y calidad o, de lo contrario, exigirles su renuncia o cambiarlos a través de los medios previstos.

Todavía hay quienes, después de todo lo visto, defienden el carácter de empresario e inversionista del Estado. Esgrimen las insuficiencias de capital privado pese a ser un argumento refutado e invalidado una y mil veces. Como inversionista y empresario, el Estado ha resultado un inmenso fiasco. Los números rojos de las empresas de su propiedad, la obsolescencia tecnológica y la pérdida de mercados las ha convertido en un desaguadero de recursos que se detraen de los servicios sociales. No hay empresa pública sana. Ese compendio de ineficiencias lo pagan los ciudadanos con hambre, escasez, desnutrición, racionamiento y muerte.

Asombra a estas alturas la defensa irrestricta del Estado y la ignorancia de su capacidad destructiva. Nos preguntamos ¿será el resultado del síndrome de Estocolmo? Estos defensores solo ven fallas en el mercado y le conceden al Estado, luego de haber perpetrado un saqueo de cerca de 500 mil millones de dólares, las competencias para identificar las fallas del mercado y también las maneras de corregirlas. Una contradicción mayúscula.

Un caso reciente ilustra la magnitud del despropósito. El Estado fraccionó terrenos en varios centenares de parcelas y las asignó a “empresarios” amigos para explotar conjuntamente el negocio del oro. Algunos de estos inversionistas, al visitar sus parcelas, se encontraron con una desagradable sorpresa: una multitud de miembros del ELN campaban a sus anchas en su terreno. Los voceros del Estado presumen de “patriotismo” y amenazan a invasores imaginarios, a los usurpadores reales los miran de “laíto” mientras se llevan el coltán, la gasolina, el oro, el thorio, destruyen el ambiente y “felices los cuatro.”

La “estadolatría” se renueva, hoy acepta y reconoce el derecho de propiedad, pero el Estado sigue siendo el representante de la “justicia social” y el “interés público”. Este último ¿es distinto al interés individual y al de otros grupos?. Los defensores del Estado afirman que éste es el garante de la “solidaridad social” y niegan la existencia de solidaridad en los individuos, supuesto, como hemos visto, sin asideros en la realidad. Un ejemplo de la solidaridad al margen de un Estado insolidario, lo encontramos en los varios centenares de asociaciones diaspóricas que envían medicinas, alimentos y remesas a sus compatriotas.

¿Podemos hablar de solidaridad cuando los representantes del Estado han saqueado un país y aprovechan las “bolsas del hambre” (clap) para terminar de robarse la “olla”? ¿Se puede establecer el interés social como el de la mayoría, siempre circunstancial, y, si es así, dónde quedan las minorías y sus derechos que la democracia debe garantizar?.

Lo dicho ¿Se puede entender como una propuesta para eliminar al Estado o como un proyecto de reducción de su tamaño? No es lo que hemos dicho y esperamos no se comprenda de ese modo tan simplista. Por ejemplo, el Estado, en algunos países nórdicos, es relativamente grande, ha desarrollado una nueva relación con los individuos y ha promovido la participación y la colaboración de la empresa, el mercado y la competencia, además de ser el garante de su existencia.

El cambio social en marcha en Venezuela, aunque no sea evidente para muchos, permite pensar en el desarrollo sobre nuevas bases, sobre un modelo de Estado diferente, más competitivo, eficiente y de calidad. Para lograrlo es necesario ejercer un meticuloso control social y evitar que el Estado malbarate los recursos siempre escasos. Lo ocurrido en Venezuela refuerza la convicción sobre la necesidad de defender la democracia todos los días. Hay enemigos conspirando a diario para socavar los derechos individuales fundamentales y de allí la necesidad de impulsar el capitalismo y la solidaridad.
@tomaspaez

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