A partir del arresto de Marcelo Odebrecht, la gigante brasileña se fue desvaneciendo: comenzó a perder licitaciones organizadas por los Estados de la región, se le anularon millonarios contratos y fue acumulando una deuda que llegó a los 24.500 millones de dólares.
Fue en el 2015, año en el que llegó a facturar 40.000 millones y dar trabajo a 128.000 empleados, cuando comenzó su decadencia tras la detención de Marcelo Odebrecht, nieto del fundador y tercera generación de presidentes del holding, condenado a 19 años de cárcel.
El poderoso empresario fue condenado por haber liderado la trama de corrupción y pago de sobornos para ganar obras públicas que se extendió por cuatro continentes, salpicó a presidentes e involucró a 12 países y provocó la mayor multa jamás emitida por el Departamento de Justicia de EEUU por 3.500 millones.
También debió poner a la venta activos por 8000 millones de dólares, de los cuales ya ejecutó la mitad, y declaró que podía pagar 2.600 millones del total de la multa impuesta por EEUU donde cotiza su petroquímica Braskem, multada por su parte por unos 900 millones.
Sobornos al kirchnerismo
Odebrecht reconoció haber pagado más de 35 millones de dólares en sobornos entre el 2007 y el 2014 al gobierno de Cristina Kirchner. Ese dinero fue repartido entre ex funcionarios de esa administración e intermediarios que le habrían facilitado la adjudicación de al menos tres proyectos de infraestructura en los cuales obtuvo beneficios cercanos a los 300 millones de dólares.
De esta forma, el conglomerado intenta crear nuevas estrategias que le permitan sobrevivir en el mercado argentino, buscando lavar su imagen a través de su filial en este país, donde también está implicada en varias causas de sobornos y corrupción.
El gobierno argentino afirma que Odebrecht no tiene prohibida su participación en futuras licitaciones que organice el país, sin embargo, aún no ha podido formar parte de las últimas grandes obras públicas que se han suscitado durante la gestión de Mauricio Macri.
A pesar de los antecedentes y los expedientes judiciales abiertos, la constructora designó nuevos representantes legales en su filial de Argentina con el fin de lavar su imagen ante el mundo corporativo y las autoridades, cuya responsabilidad recae en los abogados brasileños Paulo Henrique Oliveira Levita y Edgard Abreu Rocha Silva, respectivamente.
Ambos ejecutivos también estarían ligados al Lava Jato: Paulo Henrique Oliveira Levita fue director de Odebrecht en Panamá, y Edgard Abreu Rocha Silva participó en diferentes reuniones entre la empresa y el ministro de Justicia de Argentina.
Entre las causas de sobornos en las que estaría implicada la constructora en Argentina, se encuentran la licitación de las obras del tren Sarmiento, el pago de sobornos en la planta de potabilización de AySA en el río Paraná de las Palmas, y en las obras de los gasoductos del Norte y Sur, entre otras causas.
