La unidad de delitos financieros de México quiere presentar cargos contra 25 personas y empresas por lavado de dinero, aparentemente vinculados con el envío de alimentos de baja calidad al CLAP.
En octubre, la división del crimen organizado de la Fiscalía General de México multó por 3 millones de dólares a estas compañías. La multa debía ser pagada a la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, como parte de un acuerdo al que llegaron las empresas.
El acuerdo reparatorio contemplaba dos sanciones para las empresas involucradas: La entrega de 3 millones de dólares en efectivo a ACNUR y la prohibición de “realizar directa o indirectamente nuevas transacciones comerciales con el gobierno venezolano a través del programa CLAP.
Para los periodistas de ArmandoInfo estas sanciones no se correspondían con la gravedad de los hechos, las irregularidades cometidas como la asociación para delinquir, el sobreprecio y el fraude con alimentos de primera necesidad, efectivamente requerirían penalidades más contundentes.
En CuentasClarasDigital nos preguntamos sobre el pago en efectivo de la multa de 3 millones de dólares. Habrá recibido la agencia de la ONU – ACNUR- dinero contante y sonante de un grupo de delincuencia organizada financiera que ha reconocido los delitos cometidos al firmar el acuerdo?
En ese entonces, México mencionó sólo cinco nombres de las personas que formaron parte del acuerdo, sin sus apellidos. Los demás detalles permanecen “bajo llave” por orden judicial.
Desde abril, los alimentos dirigidos a los CLAP se han enviado desde Veracruz, México hacia La Guaira, según los datos de envío. Se sabe que la mayor parte de estos alimentos siguen proviniendo de las compañías mexicanas que realizaron los envíos anteriores, y se desconoce si alguna de estas sociedades está implicada en las denuncias.
Investigación de Luisa Ortega Díaz
En una entrevista a principios de 2019, la fiscal general de Venezuela dijo que las compañías han recibido contratos de alimentos del Gobierno por al menos 700 millones de dólares desde finales de 2016.
Desde su que la destituyeron ilegalmente, Ortega Díaz huyó a Colombia a finales de 2017 donde continúa investigando a empresas por lavado de dinero a través del CLAP desde Bogotá con varios fiscales que también abandonaron el país.
En 2018, tras unos meses de que Ortega presionara a la oficina del fiscal general de México para investigar estos casos, la división del crimen organizado de este país, anunció las multas a las compañías involucradas.
Investigaciones de EEUU
Hace unas semanas, el Departamento de EEUU anunció que aplicaría medidas que irían desde cargos criminales hasta sanciones, por cargos de supuesto lavado de dinero (miles de millones de dólares) en fondos públicos, dirigidos a este programa, donde figuran funcionarios venezolanos, contratistas privados y el empresario colombiano Alex Saab, como posibles responsables de la trama.
