Diario El País devela los turbios negocios de ex director de la DISIP, Carlos Aguilera

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CCD | El diario El País de España publica los detalles de las millonarias transacciones que realizó Carlos Aguilera en las cuentas que mantuvo entre 2008 y 2015 en Banca Privada de Andorra, la institución financiera – hoy cerrada por legitimación de capitales – que sirvió de refugio para el dinero robado a Venezuela por las redes de corrupción instaladas en el régimen chavista, en especial, en la Pdvsa “roja, rojita” de Rafael Ramírez.

Carlos Aguilera, al que el diario español identifica como “el jefe de los espías” por haber sido director de la DISIP chavista, también  fue director de Relaciones Presidenciales, Secretario de la Presidencia, viceministro de Gestión Comunicacional, viceministro de Gestión Administrativa y presidente de la Fundación Pueblo Soberano. Compartió aulas en el Ejército con Gustavo Enrique González López, ex ministro de Interiores, Justicia y Paz entre 2015 y 2016, actual director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

Aquí la nota de El País:

Los turbios negocios del jefe de los espías de Hugo Chávez

Madrid, 28/04/2018.- Los negocios del que fuera jefe de los espías del expresidente de Venezuela Hugo Chávez (1999-20013) están bajo sospecha. Un juzgado de Andorra ordenó en junio de 2015 embargar los fondos en este país pirenaico del exresponsable de los servicios secretos chavistas entre 2001 y 2002 Carlos Luis Aguilera. El motivo: un presunto delito de blanqueo de capitales.

Aguilera, que antes de pilotar el espionaje fue viceministro de Comunicaciones, manejó entre 2008 y 2015 tres cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) que movieron 6,5 millones de dólares (5,3 de euros), según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

La magistrada andorrana Canòlic Mingorance investiga la procedencia “ilícita” de este dinero. E indaga si el jerarca chavista ocultó en este minúsculo país  –donde hasta el pasado año regía el secreto bancario- sobornos millonarios de empresas españolas e italianas beneficiadas por adjudicaciones del Ejecutivo venezolano.

El exjefe de los espías camufló su identidad en dos de sus tres cuentas andorranas mediante sociedades instrumentales (sin actividad) constituidas en Panamá. Y colocó a su suegra, de 83 años y natural de A Coruña, como testaferro en una de mercantiles, según las pesquisas.

Aguilera, de 57 años, se presentó a la BPA en 2008 como un empresario que planeaba transferir 2,6 millones de euros a la entidad. Justificó ante el banco que sus cuentas acogerían las comisiones de supuestos servicios de asesoría a compañías extranjeras.

El exresponsable de inteligencia colocó como testaferro a su suegra de 83 años y natural de A Coruña

Uno de sus clientes fue la firma italiana de radares Alenia Marconi Systems. Aguilera firmó con esta empresa un contrato en 2004 que le garantizaba comisiones del 6,37 % del total de las ventas de la tecnológica en Venezuela.

Un año después del acuerdo, el Instituto Nacional de Aviación Civil de Venezuela (INAC) adjudicó a la compañía italiana la modernización de los radares de los aeropuertos del país sudamericano, según Defense Aerospace.

La cuenta en la BPA de Aguilera destinada a las comisiones de Alenia Marconi Systems recibió 3,2 millones de dólares (2,6 millones de euros) desde Curazao, en el sur del Caribe.

“Teniendo en cuenta la gestión estatal de los aeropuertos de Venezuela y las vinculaciones de Aguilera con el régimen, nos podríamos encontrar ante presuntos actos de corrupción”, recoge un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND).

Formulario que rellenó el exjefe del espionaje venezolano en la BPA para abrir su cuenta en junio de 2009.
Formulario que rellenó el exjefe del espionaje venezolano en la BPA para abrir su cuenta en junio de 2009.EL PAÍS

Aunque las cuentas de Aguilera en Andorra movieron entre 2008 y 2015 un total de 6,5 millones de dólares, el jerarca chavista vació el 90 % del dinero de sus depósitos mediante transferencias a Panamá, Suiza y traspasos internos a otros clientes de la BPA, un mecanismo que no deja rastro.

La única cuenta en la BPA donde Aguilera figuró como titular -en el resto aparecía camuflado tras sociedades panameñas- tenía en mayo de 2015 un saldo de 202 euros, según los movimientos bancarios.

Aguilera adquirió con sus fondos de Andorra dos propiedades en Venezuela. Por una casa en Caracas pagó en 2014 un total de 846.000 dólares (700.000 euros). Y desembolsó en 2009 la mitad de un inmueble de 3.000 metros cuadrados de 1,3 millones de dólares (un millón de euros) en Baruta, en el Estado de Miranda. Las compras se canalizaron a través de transferencias a Panamá y Suiza.

La conexión española

Los manejos del que fuera jefe de los espías de Hugo Chávez alcanzan España. Y, en concreto, a un contrato de 1.850 millones de dólares (1.530 de euros) que permitió a las firmas españolas CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), Constructora Hispánica, Cobra y Dimetronic hacerse en 2008 con las obras de modernización de la Línea 1 del Metro de Caracas.

Aguilera cobró presuntamente comisiones del 4,8 % de la adjudicación del suburbano a través de sus empresas Semeca y Tecnotren, que también participó en la Unión Temporal de Empresas (UTE) ganadora de la infraestructura.

El análisis de las transferencias del exresponsable de los servicios secretos venezolanos revela que Aguilera traspasó tres millones de dólares (2,5 millones de euros) a una cuenta en el banco andorrano del directivo de CAF Guzmán Martín. Un ejecutivo que actualmente ocupa el cargo de director de América Latina en esta compañía de servicios ferroviarios, según su perfil de LinkedIn.

CAF, una multinacional de origen vasco, ha declinado responder a las preguntas de este periódico.

Martín manejó una cuenta en la BPA a nombre de la sociedad instrumental panameña Kebir Foundation. Su mercantil facturó entre 2009 y 2014 un total de 2,9 millones de dólares (2,3 millones de euros) a dos de las sociedades panameñas con cuenta en la BPA del exjefe de la inteligencia de Venezuela, según un informe de UIFAND que forma parte de la investigación.

Fuente El País

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