CCD Dos veces se ha referido el presidente del régimen de Venezuela Nicolás Maduro a la constructora brasileña Odebrecht desde que explotó el caso Lava Jato. La primera, el 5 de febrero de 2017, para exigir la terminación de las obras regadas por todo el país; y la segunda, el lunes 26 de marzo, más de un año después, para exactamente lo mismo. Sobre las investigaciones que han generado un verdadero temblor político en la región, sigue habiendo silencio oficial.
Venezuela es el segundo país de América Latina en el que la constructora pagó más sobornos a las autoridades, específicamente 98 millones de dólares, de acuerdo con declaraciones en 2017 de Marcelo Odebrecht, ex presidente de la empresa.
Pero mientras las investigaciones en toda América Latina avanzan, en Venezuela no han generado averiguaciones de parte de la Fiscalía, que se ha concentrado en casos de corrupción vinculados a la estatal Pdvsa.
En Perú, en cambio, los vínculos con la constructora precipitaron la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski la semana pasada. El mandatario había estado en el ojo del huracán en los últimos meses, tras ser acusado por el Congreso de “permanente incapacidad moral” para llevar las riendas de la nación por sus nexos con la brasileña. Odebrecht presentó documentos que confirmaban la relación con Kuczynski, quien fue consultor por varios años, ante una comisión investigadora del Congreso. El partido opositor le sacó provecho al vínculo.
No obstante, la agencia DPA reportó que a través de un portavoz en Lima, “Odebrecht aclaró que el contenido de los documentos no implica delitos y que el mandatario no negoció las consultorías, por las que la constructora pagó un total de casi ocho millones de dólares”.
En paralelo, tres gobernadores fueron investigados por supuestamente recibir sobornos de la constructora, mientras que cuatro poderosos empresarios peruanos fueron recluidos en diciembre de 2017 en una cárcel común de Lima. El mismo juez que ordenó la medida “dictó detención provisional de 18 meses contra el ex presidente Alejandro Toledo en febrero, y en junio contra el también ex mandatario Ollanta Humala, encarcelado desde entonces en forma provisional por supuestamente lavar dinero dado por Odebrecht”, reportaron las agencias. Las acusaciones apuntan a la recepción de financiamiento de la compañía para las campañas electorales.
En Brasil, el ex presidente Luis Inácio Lula Da Silva está a días de una posible condena de más de nueve años de prisión, en caso de que la máxima corte del país rechace -el próximo 4 de abril- el recurso interpuesto por la defensa para impedir que el ex mandatario vaya a la cárcel.
Al dirigente obrero, que aspira a ser candidato presidencial en los comicios del 7 de octubre de este año, se le acusa de haber aceptado de la empresa OAS la reforma de un apartamento de tres pisos ubicado en Sao Paulo, a cambio de favorecer a la constructora. El monto de las refacciones se estima en más de 3,7 millones de dólares.
En junio de 2007, el ex ministro de Economía de Brasil durante la presidencia de Lula, Antoncio Palocci, fue condenado a 12 años y dos meses de prisión por crímenes de corrupción y lavado de dinero. El Ministerio Público (MP) lo acusó de ser parte de la red de corrupción para favorecer a Odebrecht en licitaciones con la estatal Petrobras.
En Ecuador, el vicepresidente de la República, Jorge Glas, fue condenado a seis años de prisión por haber recibido sobornos de la constructora. El ex director de Odebrecht en Ecuador, Jose Conceição Santos, declaró que el vicepresidente pedía dinero por cada contrato con la brasileña, testimonio que fue clave en la polémica condena.
Santos también denunció al ex contralor de Ecuador, Carlos Pólit, por recibir coimas a cambio de borrar sanciones y multas de la constructora. Pólit “tenía un poder impresionante, hacia lo que le daba la gana”, denunció Santos. En otras naciones de la región, han sido numerosos los funcionarios salpicados.
Anuncios sin resultados en Venezuela
Si bien la Asamblea Nacional de Venezuela anunció que investigaría la trama de corrupción para dar con los responsables y el Ministerio Público, durante los capítulos finales de la fiscal Luisa Ortega Díaz, aseguró que destaparían los guisos, no ha habido información oficial sobre las investigaciones por la trama de corrupción. Los nombres de los involucrados en la recepción de coimas no han sido develados.
En enero de 2017, Ortega Díaz informó que se solicitó una orden de aprehensión contra una persona por estar presuntamente vinculada con el caso Odebrecht, pero no hubo datos posteriores sobre el acusado. El 14 de febrero se ordenó la detención de Euzenando Prazeres de Azevedo, presidente de la constructora en Venezuela por la trama de corrupción.
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