CCD | Las empresas militares en Venezuela comprenden desde la fabricación de balas hasta bienes y servicios, construcción, vehículos, entre otros ramos. En total 17 empresas. La más reciente, la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), que se encarga, entre otras cosas, de administrar el polémico Arco Minero, el último bastión de la riqueza de Venezuela, entregada también a los militares.
La Patilla analiza la decisión del TSJ que deja sin control – en la práctica – a las finanzas y presupuestos de estas empresas del Estado en manos de los militares.
La Patilla.- Una vez más el Tribunal Supremo de Justicia insiste en actuar al margen de la Constitución y las leyes para darle más poder al gobierno, aunque en esta ocasión es su Sala Político Administrativa (y no la Constitucional como suele ser), quien con la sentencia N° 1.421 del 15/12/16 rompe con principios básicos de control fiscal, creando una verdadera caja negra en el sector militar.
En esta nueva sentencia el TSJ le quita la potestad de control a la Contraloría General de la República sobre los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa; es decir (entre otros) de las empresas militares, y se lo da a la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la que califica a estos efectos como un órgano “sui generis” para ejercer el control fiscal externo sobre esos fondos. Es decir, la sentencia establece que el Ministerio se “autocontrola” en su gestión empresarial.
Lo más alarmante es que esta sentencia es producto de un recurso de interpretación de la Procuraduría General de la República, entiéndase del propio Presidente de la República, ya que aquella ha estado actuando en los últimos tiempos para defender sus intereses y no los del país, y en este caso le solicita a la Sala Político Administrativa que “se interpreten las funciones de control que ejerce la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sobre las unidades de auditorías internas de los órganos y entes adscritos al Sector Defensa”.
La pregunta formulada puede parecer inocente, pero las consecuencias de la respuesta dada por el TSJ demuestra que no lo era y la verdadera intención de esta solicitud, era eliminar del control fiscal a las empresas del sector militar, así como a todos sus entes que manejen recursos del Estado, que como sabemos cada vez son más y en sectores cada vez más estratégicos, como la Compañía Anónima Militar de la Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) .
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