Caracas | Hasta el mes pasado, cuando la universidad pudo reabrir sus puertas en medio de serios problemas presupuestarios, William Saavedra, un estudiante de ortodoncia de 22 años, y algunos de sus compañeros ofrecían exámenes dentales gratuitos a la población en una silla de dentista ubicada en la ajetreada Plaza Brión de esta capital. En la imagen de The Wall Street Journal, un estudiante de odontología, ofrece una consulta gratuita a un residente de bajos recursos del barrio 23 de Enero.
Así sigue el reportaje de WSJ
Su motivación no era puramente altruista: esta era la única forma en que podían acumular horas de experiencia clínica. A Saavedra le faltaba sólo un año para graduarse cuando su facultad, que pertenece a la mayor universidad pública del país, suspendió las clases el pasado septiembre en medio de un recorte de 70% en el presupuesto, una huelga de profesores y la falta de suministros, desde guantes de látex a bombillos eléctricos.
Estudiantes de odontología improvisan una clínica en una azotea para dar exámenes dentales gratuitos a residentes de bajos ingresos de un barrio pobre. La facultad de odontología de la UCV suspendió las clases en septiembre ante un recorte del 70% del presupuesto, una huelga de los profesores y la falta de suministros, de guantes de látex a bombillos. Las clases se reanudaron en enero, pero la crisis está lejos de terminar.
“La idea no es quedarse en la casa o tomarse unas vacaciones”, dice Saavedra, un muchacho delgado y con cara de niño, hijo de un ortodoncista. “Buscamos actividades aunque no tenemos clase”.
La Universidad Central de Venezuela, donde estudia, ha vuelto a dar clases, pero las condiciones muestran que la profundización del colapso económico del país está también causando otra crisis, que se desarrolla en cámara lenta: la desintegración del sistema de educación pública, alguna vez considerado uno de los mejores de América Latina.
Fundada en Caracas en 1721, esta casa de altos estudios es el buque insignia del sistema universitario público de Venezuela. En los últimos cuatro años, dicen los administradores, ha perdido casi una cuarta parte de sus 4.000 profesores después de que la inflación dejó a muchos de ellos ganando jornales equivalentes al precio de una lata de atún. El presupuesto mensual para suministros y administración de su facultad más grande, que enseña ciencias sociales, economía y administración de empresas a cerca de 7.000 estudiantes, ronda el equivalente de US$186 en el mercado negro.
Los estudiantes deben completar horas de laboratorio en esta deteriorada instalación de la UCV en Caracas. La universidad ha sido duramente golpeada por los déficits presupuestarios. Los críticos dicen que la consiguiente escasez de profesionales cualificados, exacerbados por una continua fuga de cerebros, obstaculizará la capacidad del país para salir de su crisis económica.
Tratar de revertir el daño es una prioridad para la oposición venezolana, que en las elecciones de diciembre obtuvo la mayoría de escaños en la Asamblea Nacional. Un comité de nueve miembros se ha reunido con estudiantes, profesores y decanos, y planea recomendar que parte del considerable presupuesto militar de Venezuela sea canalizado a las universidades, dice Juan Andrés Mejía, un legislador de oposición y miembro del comité. Sin embargo, no está claro si se llevará a cabo, dado el enfrentamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro con la oposición sobre nuevas iniciativas.
“Ahora tenemos crisis petrolera, entonces el país debe aumentar su productividad en otras áreas”, dice Mejía. “¿De dónde va a venir este talento cuando las universidades cierren sus puertas?”.
Más de un millón de ciudadanos con educación superior ha abandonado Venezuela, según Tomás Páez, sociólogo de la Universidad Central, que ha estudiado el fenómeno. Como resultado de la fuga de cerebros y la continua crisis universitaria, dicen economistas y expertos en educación, el país enfrenta un grave déficit de trabajadores calificados, incluyendo emprendedores y cirujanos.
“Necesitamos gente educada para sacarnos de la situación en que estamos”, asevera Ulises Rojas, vicerrector académico de la Universidad de Carabobo.
Las universidades públicas son responsables de ocho de cada 10 diplomas universitarios que se otorgan en Venezuela. El resto corresponde a instituciones privadas y a la red de las llamadas universidades bolivarianas, creadas por el gobierno izquierdista del presidente Hugo Chávez con el objetivo declarado de educar a los estudiantes para que apoyen la revolución del pueblo.
Las universidades públicas sufrieron bajo Chávez, que fue presidente entre 1999 y 2013, y su sucesor Maduro. Los recortes presupuestarios, la creciente escasez y una tasa de inflación que el año pasado llegó a 275% han agotado las becas de alojamiento para estudiantes y postergado obras de mantenimiento básico. Muchos profesores han huido al exterior.
Los detractores dicen que el gobierno no escatima fondos para las fuerzas armadas o las ideologizadas universidades bolivarianas.
“La única importancia de la educación para el gobierno socialista ha sido la utilización de un mecanismo para convertir a los jóvenes a la ideología socialista y marxista”, afirma Páez.
En 2014, el entonces ministro de Educación, Héctor Rodríguez, causó un escándalo cuando dijo: “No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarlas a la clase media y que pretendan ser escuálidos”, un término ampliamente usado por los chavistas para referirse a la oposición. Un documento oficial de planificación educativa de 2013 fija como meta “impulsar la transformación universitaria (…) en torno a los objetivos estratégicos del proyecto nacional”.
Funcionarios de educación del gobierno no devolvieron las llamadas en busca de comentarios.
Después de años de recortes presupuestarios y de tensión entre las universidades y el gobierno, en agosto Maduro apretó aún más los tornillos, exigiendo que las universidades acepten entre 50% y 75% más de nuevos alumnos, muchos de familias pobres. Sostuvo que la actual competencia para ingresar a las mejores universidades públicas, basada en méritos, favorecía a los ricos.
Sin embargo, al tiempo que obligaba a ampliar la inscripción de alumnos, el estado recortó los presupuestos universitarios para 2016 entre 70% y 80%. Las universidades públicas consideran que el objetivo de esos recortes es hacerlas desaparecer. “No hay suficiente para nada, ni siquiera para los bombillos” de luz, dice Adelaida Struck, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central.
Furiosos, los profesores se declararon en huelga. Algunos se reintegraron a sus puestos a finales de noviembre y la universidad reabrió sus puertas en enero, pero profesores y estudiantes creen que la institución se paralizará nuevamente a menos que haya una gran inyección de fondos.
Mientras tanto, la delincuencia se ha disparado en los campus. La Universidad de Carabobo ha solicitado la presencia policial en respu
elincuencia, huelgas, falta de materiales; sencillamente no tenemos las condiciones normales que los ciudadanos deben tener para la educación”, dice.
“Delincuencia, huelgas, falta de materiales; sencillamente no tenemos las condiciones normales que los ciudadanos deben tener para la educación”, dice.
Saavedra contactó recientemente a la filial local de la multinacional estadounidense Colgate-Palmolive Co., que donó algunos suministros y dio presentaciones sobre lo último en salud bucal. Para mantener la moral, el joven organizó luego una fiesta para los estudiantes, que aparecían disfrazados de molares y caries.
“Estoy frustrado por toda la pérdida”, dice Saavedra.
